COAG exige la «suspensión inmediata» del acuerdo agrícola de libre comercio entre la UE y Marruecos

Denuncia que cinco grandes grupos empresariales, algunos participados por Mohamed VI, construyen de forma ilegal la megalópolis del tomate

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha exigido este lunes en el Congreso de los Diputados la «suspensión inmediata» del acuerdo comercial en materia agraria entre la UE y Marruecos.

COAG sustenta su petición tras conocerse la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que se confirma que dicho acuerdo, modificado en 2019, viola el derecho internacional por vulnerar los principios de autodeterminación y del efecto relativo de los tratados, al no prestar su consentimiento el pueblo del Sáhara Occidental, según informa en un comunicado.

Así lo ha expuesto el responsable de frutas y hortalizas de la organización, Andrés Góngora, durante su intervención en la conferencia sobre el Sáhara Occidental organizada por el Frente Polisario y varios grupos parlamentarios para dar a conocer los términos de sentencia.

La sentencia del Tribunal europeo confirma definitivamente la anulación de la decisión del Consejo que modifica el Acuerdo UE-Marruecos en materia de liberalización comercial de los productos agrarios, ampliando las preferencias arancelarias en él contenidas a los productos originarios del Sáhara Occidental.

Sin embargo, permite que el acuerdo sobre medidas de liberalización en materia de productos agrícolas entre la UE y Marruecos se mantenga por un período de doce meses a partir de la publicación de la sentencia por «las consecuencias negativas graves para la acción exterior de la Unión que entrañaría su anulación inmediata y por razones de seguridad jurídica».

Respecto a eso, Góngora ha reclamado que la aplicación de la sentencia sea inmediata, sin periodos de gracia. «Los agricultores europeos no hemos tenido ese periodo de gracia y sufrimos día a día la competencia desleal de las importaciones bajo las condiciones perniciosas del acuerdo», ha indicado.

«Si la sentencia ha dictaminado que el acuerdo no es legal, la UE no puede cerrar los ojos y mantener 12 meses más en vigor un acuerdo ilegal, sólo para favorecer a determinadas empresas transnacionales, mientras los productores continuamos perdiendo rentabilidad y desapareciendo», ha asegurado.

En este sentido, la organización agraria reclama que el Gobierno español se posicione a favor de los productores agrarios, dado que son los más perjudicados por el Acuerdo de liberalización comercial entre la UE y Marruecos, y presione en la UE para la anulación del mismo y para eliminar los graves efectos que tiene sobre nuestras producciones.

«Comprobamos con asombro e indignación cómo la UE y el Gobierno español están rendidos a las demandas de una contraparte, Marruecos, que utiliza un perfil negociador basado en el chantaje, en el que se utiliza el terrorismo, la inmigración y la droga como argumentos para obtener contrapartidas. Esas contrapartidas ponen en riesgo el futuro de los agricultores de la UE, que somos moneda de cambio evidente, pero también dañan los intereses de los contribuyentes de la UE que no reciben los ingresos aduaneros correspondientes por los productos importados», ha lamentado el responsable de frutas y hortalizas de COAG.

La organización ha señalado que gracias a las ventajas del acuerdo de libre comercio firmado con la UE, los deficientes controles en frontera y la desidia de las administraciones españolas y europeas, el rey de Marruecos construye de forma ilegal la «megalópolis del tomate» en Dakhla a costa de los saharauis y los agricultores del sudeste español, según el informe de investigación presentado esta mañana por la ONG Mundubat y la organización agraria COAG.

Esta investigación desvela cómo cinco grandes grupos empresariales, algunos participados por Mohamed VI y el ex ministro de Agricultura de Marruecos, explotan tierra fértil de los territorios ocupados del Sáhara Occidental para crear uno de los mayores centros de producción de tomate a nivel mundial. Así, el plan Generation Green marroquí pretende contar en 2030 con 5.000 hectáreas de producción hortícola en el Sáhara Occidental.

«Mientras tanto, el epicentro de la producción nacional de esta hortaliza, Almería, ha perdido 2.200 hectáreas del cultivo en apenas cinco años ante la creciente presión de las importaciones (+170%)», ha denunciado Góngora.

El estudio recoge las irregularidades del macro-proyecto agrícola que la oligarquía marroquí está levantando alrededor de Dakhla, entre las que destacan la vulneración de derechos fundamentales del pueblo saharaui y la discriminación laboral hacia esta población, la usurpación de sus recursos naturales locales, como la tierra y el agua, y el fraude a los consumidores europeos en materia de etiquetado.

Según COAG se está produciendo una «clara vulneración» y un perjuicio de los derechos de los ciudadanos comunitarios como consumidores, en lo que concierne a la veracidad de la información contenida en el etiquetado de los productos respecto a la procedencia de los mismos, ya que la legislación europea de frutas y hortalizas establece que los productos destinados a ser vendidos frescos al consumidor solo podrán comercializarse si en ellos figura la indicación del país de origen.