CSIF reclama negociar ya los PGE de 2025 y las reformas pendientes en las AAPP, tras el relevo de Escrivá

El Centro Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado negociar ya los Presupuestos Generales del Estado para 2025 y las reformas pendientes en las Administraciones Públicas, tras el relevo del ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, quien será nombrado nuevo gobernador del Banco de España y sustituido, a su vez, por Óscar López.

El sindicato también ha denunciado la parálisis en la negociación con Función Pública durante el mandato de Escrivá, pues ha explicado que «han sido más de ocho meses sin convocar la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas», según ha informado este miércoles en un comunicado.

CSIF ha explicado que esto ha ocasionado «un retraso» en las reformas pendientes para mejorar los servicios públicos en España y las condiciones laborales de los empleados públicos.

Por eso, el sindicato ha subrayado que espera trabajar «cuanto antes» con el nuevo titular de Función Pública para reactivar la negociación colectiva y acometer estas reformas, que pasan, entre otras cuestiones, por mejorar las retribuciones, eliminar la tasa de reposición en las ofertas de empleo o la mejora de las pensiones y condiciones de jubilación.

«De entrada, desde CSIF estamos preocupados por las dificultades del Gobierno para sacar adelante unos Presupuestos Generales para 2025 que, en todo caso, deben incluir un nuevo acuerdo salarial», ha defendido el sindicato. «El actual -firmado por el Gobierno, CC.OO. y UGT- termina este año; y arrastramos una pérdida de poder adquisitivo del 6% desde su firma en 2022 y un 20% acumulado desde los recortes de 2010», ha añadido.

Coincidiendo con el comienzo del curso sindical, CSIF también ha exigido al Ejecutivo que apruebe «cuanto antes» una Oferta de Empleo Público para 2025 acorde a las necesidades «reales» de personal de la administración, que se elimine la tasa de reposición, y se cumpla el compromiso de reducir la temporalidad al 8% a finales de este año –actualmente es del 30%, el doble que en el sector privado–.

En definitiva, CSIF ha instado al Gobierno a no demorar más el inicio un nuevo acuerdo salarial que permita al conjunto de empleados públicos recuperar la pérdida de poder adquisitivo acumulado en la última década; culminar los procesos de estabilización en las Administraciones Públicas; la implantación de la jornada de 35 horas; la modificación del Trebep (Estatuto Básico del Empleado Público); el desarrollo de la ley de Función Pública, y la adecuación de los grupos profesionales del artículo 76 del Trebep.

También ha pedido mejoras en las condiciones de jubilación; la equiparación de las cotizaciones en el régimen de clases pasivas a las del Régimen General; la regulación e implementación del teletrabajo en todas las administraciones públicas, cumpliendo el compromiso adquirido en la Administración del Estado, y un incremento de la financiación de Muface.