CSIF volverá a movilizarse el próximo viernes para pedir la mejora de los salarios de los funcionarios

Se concentrará a las 12.00 de la mañana en todas las subdelegaciones de Gobierno y en Madrid, a las 11.00 horas en Nuevos Ministerios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) volverá a las calles de toda España el próximo viernes, 4 de abril, para reclamar la subida salarial pendiente del año pasado de los trabajadores públicos y pedir que se negocie un nuevo acuerdo retributivo.

Esta protesta forma parte del calendario de movilizaciones al que dio inicio el sindicato el pasado 19 de marzo con el objetivo de lograr la mejora de los sueldos de los funcionarios.

En concreto, CSIF ha convocado concentraciones frente a las subdelegaciones de Gobierno de toda España para este viernes a las 12.00 horas. En Madrid, la protesta tendrá lugar a las 11.00 horas en el complejo de Nuevos Ministerios.

Mediante estas movilizaciones, CSIF reclama negociar un nuevo acuerdo salarial, tras concluir el actual el pasado 31 de diciembre, ante la pérdida salarial entre los funcionarios de un 9% desde 2022 y de más de un 20% desde los recortes de 2010.

Además, denuncia que sigue sin ingresarse el 0,5% adicional del incremento salarial del año 2024. Junto a ello, pide recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010, con el cobro íntegro de la paga extraordinaria.

JORNADA DE 35 HORAS SEMANALES Y NUEVA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

De igual manera, CSIF reivindica una jornada laboral de 35 horas semanales en el conjunto del Estado y la implementación de la carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo.

También pide negociar una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición ante el hecho de que el 60% de la plantilla de la Administración General del Estado se jubilará a lo largo de los próximos 10 años.

El sindicato exige también la equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas, la mejora de las condiciones de jubilación, y una regulación inmediata para que los funcionarios y estatutarios puedan acogerse a la jubilación parcial.