Una ITV en cada comarca

Salvo para quienes residen en las proximidades de Santander o en una zona cercana al valle de Buelna, pasar la inspección técnica de vehículos suele convertirse en un largo peregrinaje hasta las dos únicas estaciones de ITV que existen en Cantabria, Raos, en Camargo, y el polígono de Barros, en Los Corrales.
A partir del próximo año, los automovilistas cántabros, vivan donde vivan, tendrán este servicio cerca de su lugar de residencia. Siempre, claro está, que los operadores privados respondan a la iniciativa de la Consejería de Industria, que ha convocado un concurso para la construcción y explotación de seis nuevas estaciones, distribuidas estratégicamente por la región.
Quien se adjudique el concurso deberá hacerse cargo de todas las estaciones. De este modo, Industria trata de evitar que queden desiertas aquellas que no serían rentables para la empresa privada si los concursos se planteasen individualmente.
Con esta iniciativa, el Gobierno regional reafirma el modelo de concesión en la prestación de este servicio, puesto en tela de juicio por el proyecto de liberalización que intentó aplicar el Gobierno central del PP en el año 2000 y que ha sido abortado por los recursos presentados por las comunidades autónomas, que se hubiesen visto abocadas a indemnizar a los actuales concesionarios.

Descentralizar el servicio

La ubicación de las nuevas ITVs viene a solventar el agravio comparativo que sufren muchos habitantes de la región, que se ven obligados a realizar largos desplazamientos para pasar la revisión de sus vehículos.
En el futuro, en la zona centro de Cantabria habrá otra estación que, necesariamente, deberá estar ubicada en los municipios de Miengo, Polanco, Torrelavega o Reocín y a más de 15 kilómetros de las estaciones de ITV que ya existen en Raos y Barros, una circunstancia que se da casi en cualquier punto de estos ayuntamientos.
En la zona oriental habrá dos estaciones, una de ellas ubicada en Castro Urdiales y la segunda a 25 kilómetros, al menos, en dirección a Santander, pudiendo elegir el concesionario entre los municipios de Laredo, Colindres, Bárcena de Cicero o Hazas de Cesto. En la zona occidental se prevé una sola instalación, a ubicar en los municipios de Cabezón de la Sal, Valdáliga, San Vicente de la Barquera o Val de San Vicente.
Quienes vivan en Campoo tendrán una estación en Reinosa o Enmedio y los lebaniegos en Potes, Camaleño o Cillorigo, aunque en este caso el concesionario sólo estará obligado a prestar el servicio 40 horas semanales, debido al escaso número de vehículos de la demarcación.
La estación que se haga en la zona centro deberá tener al menos tres líneas de inspección –dos para vehículos ligeros (hasta 3.500 kg) y una para vehículos pesados–. El resto deberán tener dos, a excepción de las de Liébana y Campoo, a las que sólo se les exigirá una.

Incompatibilidades

Con el fin de asegurar que la prestación de este servicio se realiza con total independencia de otros sectores relacionados con la automoción, el concurso establece una serie de incompatibilidades. Los socios, directivos o personal de la empresa que explote la concesión no podrán tener participación en actividades como el transporte por carretera, el comercio de automóviles o las gestorías relacionadas con el campo de la automoción. Tampoco pueden estar vinculados a aseguradoras que operen en el ramo del seguro de automóvil o hacer peritaciones para las mismas.
El plazo de explotación de las nuevas concesiones es de veinte años, prorrogables en plazos sucesivos de un lustro, hasta un límite establecido en 50 años. A la finalización del contrato, las instalaciones revertirán a la comunidad autónoma.
Las tarifas que establezcan las ITVs serán aprobadas por la Consejería de Industria y el concesionario deberá abonar a la Administración dos tipos de canon al año: uno fijo de explotación por línea, cuya cuantía mínima será de 25.000 euros, y otro variable, cuyo importe mínimo será el 8% de la facturación.

El fracaso de la liberalización

Con este paso, la Administración cántabra aspira a corregir las deficiencias del actual modelo, que deja sin cobertura amplias zonas de la región. También supone el final de las interrogantes abiertas por el intento que hizo el Gobierno central hace ya siete años de liberalizar las inspecciones de vehículos, respondiendo a las presiones de quienes aspiran a participar en un mercado cautivo que mueve en España más de 250 millones de euros al año.
Aunque Cantabria había preparado una normativa en línea con el propósito liberalizador que marcaba el decreto-ley del 2000, la Consejería de Industria no veía con agrado un cambio que agudizaría las carencias en la prestación de este servicio en las zonas menos interesantes para la iniciativa privada. Otras comunidades autónomas fueron mucho más combativas y tanto Aragón como Asturias y Cataluña interpusieron recursos contra el decreto, aduciendo que el Gobierno central trataba de legislar sobre una materia que ya estaba transferida. A finales del pasado año, el Tribunal Supremo dio la razón a las comunidades autónomas, lo que ha supuesto la consolidación del modelo tradicional de concesión.
Las instalaciones que se van a crear se sumarán a las dos ya existentes en la región, otorgadas a Itevelesa por el Ministerio de Industria en 1986, y por las que cada año pasan cerca de 150.000 vehículos. Aunque la concesión concluyó en noviembre del pasado año, el Gobierno cántabro optó por prorrogarla en tanto ponía a punto el nuevo concurso. Parece evidentes que Itevelesa será uno de los candidatos a una nueva concesión sobre las actuales instalaciones y sobre las seis estaciones que ahora se crean. Sería el modo de evitar la aparición de competidores en un negocio que en Cantabria supone más de 4,5 millones de euros al año.