La crisis no respeta a nadie

Conservas Lolín se suma a Candemat (en vías de recuperación, si consigue el apoyo financiero del Gobierno regional), Greyco –con buenas expectativas tras encontrar un nuevo comprador–; Termoeléctrica Vila; Mármoles Santal –que ha cambiado de manos– y las constructoras SEOP y Urazca que, sin tener la sede en Cantabria, daban empleo a un importante número de trabajadores en la región.
La situación de Lolín ha sido siempre muy saneada hasta que la ausencia de bocartes del Cantábrico colocó a la empresa en una situación muy complicada, ya que la marca está vinculada a la anchoa de más alta calidad y no se podía permitir, como otras compañías, sustituirla por bocarte importado. Eso le obligó a adquirir los poquísimos que podía encontrar al precio que fuera (llegó a pagar más de 30 euros por kilo en lonja) pero ningún precio es suficiente para lo que no existe y la compañía tuvo que pensar en diversificarse, con la apertura de una nueva línea de producto, el bonito envasado.

La ampliación aumentó los problemas

La fábrica de túnidos, inaugurada en diciembre, podía aprovechar una planta de la fábrica que aún estaba sin destino, pero eso no evitó una inversión de 4,5 millones de euros en la maquinaria y la contratación de cincuenta personas para hacerla funcionar, con lo que la empresa sumaba ya cerca de 200.
Los problemas, en lugar de diluirse, se agravaron con la nueva fabricación, ya que el largo periodo que media desde la compra de la materia prima hasta la generación de ingresos ha dado lugar a una acumulación de gastos financieros, que añadir a los laborales, a los que la empresa no ha podido hacer frente. Una situación de falta de liquidez que hace un año se hubiese solucionado con una refinanciación pero que, en estos momentos de cerrojazo en los créditos, no ha encontrado otra salida que la suspensión de pagos. Un concurso voluntario que va a afectar, sobre todo, a los bancos y cajas que financiaron la ampliación de la fábrica.
La planta de túnidos está preparada para procesar 25 toneladas al día y trabaja con bonitos y atunes del Cantábrico, de los que envasa 25 referencias distintas. Tras su apertura, la empresa fundada por Manuel Gutiérrez Elorza ha llegado a mover 4.000 toneladas al año, entre materias primas y producto terminado, y cuenta con 4.100 metros cúbicos de capacidad de almacenaje en frío.
La buena costera de túnidos de este verano, con unos precios contenidos, puede resultar una ayuda para la empresa que, depende más que ninguna otra, de una materia prima siempre incierta.

El complejo ‘caso Vila’

El caso de las empresas torrelaveguenses Termoeléctrica Vila y Electroquímica Vila tiene especial dificultad por las diferencias entre los dos hermanos que se reparten, a partes iguales, el accionariado de estas dos plantas de Viérnoles. Termoeléctrica, gestionada por Manuel Vila, se ha visto muy afectada por la caída de ventas de uno de sus productos tradicionales, las resistencias para calentadores, como consecuencia de la fuerte competencia del Este, donde los costes son más baratos. En febrero se vio obligada a presentar el concurso de acreedores y a redefinir su futuro, mediante una reducción de la plantilla a la mitad, para centrarse en las líneas de fabricación más rentables, como los calentadores industriales. No obstante, la descapitalización de la empresa ponía en duda su capacidad de sobrevivir.
Con todo, uno de los problemas principales es la diferencia sobre la gestión entre los dos hermanos propietarios de la compañía. Antonio Vila no parece conforme con los planes de su hermano Manuel y eso ha causado una situación de bloqueo que éste, a su vez, ha tratado de resolver trasladando el conflicto a Vila Electroquímica, una empresa de recubrimiento de piezas, en la que también participan al 50% pero cuya gestión está en manos de Antonio. Manuel ha pedido en los juzgados la disolución de esta sociedad, que hasta ahora no se encontraba en problemas, argumentando que existe desgobierno, por no estar cubiertas parte de las plazas del consejo de administración y estar sin aprobar las cuentas de los últimos ejercicios.
Los recubrimientos de cromo duro, níquel electroquímico o cobre de Vila Electroquímica se emplean en las placas de colada continua de las plantas siderúrgicas, en las tuberías que van a ser utilizadas para la canalización de sustancias corrosivas y en muchas otras aplicaciones.
Por su parte, Termoeléctrica Vila fabrica resistencias y calentadores, algunos de ellos de gran tamaño, como los que se emplean para calentar el combustible de los grandes motores diesel o en las centrales de ciclo combinado.
Los trabajadores temen que las diferencias entre los socios acaben por poner en peligro los 90 empleos que reúnen ambas empresas.

También durante la expansión

En realidad, la crisis no entiende de sectores, ni siquiera de ciclos. Mientras duraba la bonanza, en los dos últimos años se produjeron las suspensiones de pagos de Candemat, fabricante de grandes matrices para la automoción; la cortadora de mármoles Santal, afectada por la creciente penetración de los mármoles artificiales, o Multiprosur, una factoría de productos derivados del surimi con más de 200 operarios, que resultó muy afectada cuando la nueva competencia de las empresas chinas provocó un descenso de los precios internacionales, al tiempo que elevaba el de la materia prima.
Multiprosur había tratado de reaccionar con una inversión de ocho millones de euros, pero el estrechamiento de los márgenes impidió cumplir el calendario de amortizaciones e intereses previsto y los principales afectados por la suspensión de pagos fueron las entidades financieras.
Se da la circunstancia de que tanto en Candemat como en Greyco o Multiprosur tenía participaciones la empresa pública Sodercan que apostó por su liderazgo en sus respectivos sectores o se vio impelida a tratar de salvarlas ante la marcha de los accionistas, como ocurrió en Greyco.

Evolución imparable

La nueva ley concursal debía dar una salida más eficaz tanto para los acreedores como para los accionistas que la obsoleta legislación anterior sobre suspensiones de pagos, pero en la práctica no está resultando lo efectiva que cabía imaginar, después de una espera tan larga. Y si hasta ahora se ha aplicado con cuentagotas, porque la economía española marchaba a velocidad de crucero, ahora va a ser puesta a prueba a fondo.
Desde que entró en vigor la Ley, en septiembre de 2004, el comportamiento de las insolvencias judiciales se mantuvo en España en torno a las 250 por trimestre, hasta el último trimestre del año pasado, cuando superó por primera vez la barrera de las 300. Este repunte anunciaba lo que podía pasar en 2008 y se ha confirmado. En los tres primeros meses de este año se ha superado la frontera de las 400 y en el segundo han sido ya más de 600 las empresas las que han pedido la declaración de concurso.
Frente a lo que se cree, no hay una tipología concreta. Aunque sí es cierto que bastantes de las empresas en crisis están vinculadas al sector inmobiliario, las constructoras sólo suponen el 23,6% de las suspensas. Claro, que si le sumamos las agencias inmobiliarias (que a su vez representan el 20% de todas las insolvencias del sector servicios) y los fabricantes de estructuras metálicas, maderas y muebles, que también están muy relacionados con la edificación, más de la mitad de las situaciones de concurso tienen su origen en el parón de la vivienda.
En el caso de Cantabria el comportamiento ha sido peor aún que la media, ya que la región pasado de suponer el 0,7% de las insolvencias del país al 0,8%, según los datos de Crédito y Caución, con ocho peticiones suspensiones de pagos en lo que llevamos de año.
La cifra regional podía verse incrementada en las próximas semanas, sobre todo en el sector de la construcción, donde empiezan a acumularse vencimientos de promotoras inmobiliarias sin atender y eso está creando problemas de supervivencia a pequeñas empresas que trabajaron en esas obras.