Economistas y Fedea ven «insatisfactorias» las políticas activas de empleo y piden un cambio «profundo»

Piden fortalecer el vínculo con el tejido productivo, a fin de conocer con precisión las necesidades de las empresas

Los expertos del Consejo General de Economistas (CGE) y de Fedea han coincidido en que, pese a los avances y esfuerzos realizados, los resultados de las políticas activas de empleo continúan siendo «insatisfactorios», por lo que han reclamado una transformación «profunda».

El Consejo General de Economistas de España (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han decidido centrar la tercera sesión de sus Encuentros en el análisis del papel de las políticas activas de empleo como herramienta clave para reducir el paro y mejorar la calidad del empleo en España.

La presentación de la sesión, estuvo a cargo del presidente del CGE, Valentín Pich, y del director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, y en la misma participaron como ponentes Miguel Ángel García, doctor en Economía, profesor de Economía Aplicada (URJC) e investigador asociado de Fedea, y Salvador Guillermo, director de Estudios y Economía de Foment del Treball Nacional y consejero del Consejo Superior de Estadística del INE en representación del CGE.

En la apertura del acto, Valentín Pich ha destacado que si se quiere que las políticas activas de empleo tengan un impacto real sobre la empleabilidad, es imprescindible que estén sometidas a procesos continuos de evaluación que permitan identificar qué funciona y qué debe corregirse.

Además, considera que las políticas formativas deben estar estrechamente alineadas con las necesidades del tejido empresarial, de modo que doten a las personas de las competencias que demanda realmente el mercado laboral para facilitar así su inserción.

Por su parte, Ángel de la Fuente ha indicado que, más importante que la norma es que exista un compromiso real de dotar a los SPE de los medios necesarios, así como el acierto en el diseño y la gestión de sus servicios y sus herramientas de trabajo, «que deberían modernizarse para explotar más eficientemente la abundante información disponible».

Para los expertos, uno de los principales factores que explican la situación con las políticas activas de empleo es la limitada eficacia de los servicios públicos de empleo como intermediarios entre la oferta y la demanda laboral, debido a un conocimiento insuficiente del tejido productivo y a la falta de un perfilado adecuado de los demandantes.

Asimismo, han señalado que el actual marco normativo de distribución de competencias dificulta una gestión eficaz, al establecer una separación entre la administración de las prestaciones económicas (a cargo del SEPE) y las políticas activas de empleo (competencia de las comunidades autónomas).

En opinión de los expertos, esta fragmentación provoca una descoordinación institucional: quien financia las prestaciones no controla su ejecución y quien gestiona las políticas activas carece de competencias sobre las ayudas económicas. A ello se añade la falta de acceso de las comunidades autónomas a información clave -especialmente la gestionada por la Seguridad Social-, lo que limita su capacidad para diseñar estrategias más eficaces en materia de incentivos al empleo.

RIGIDEZ Y OBSOLESCENCIA DE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA EMPLEO

Por otro lado, los expertos han advertido de que la rigidez y obsolescencia de los actuales programas de formación para el empleo representan un serio obstáculo para adaptarse a las necesidades reales del mercado laboral.

También han subrayado que los certificados de profesionalidad presentan estructuras excesivamente estandarizadas y contenidos poco ágiles, lo que dificulta una respuesta adecuada ante los rápidos cambios tecnológicos y sectoriales.

REDISEÑO DE LOS INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN

Además, expresaron preocupación por la limitada efectividad de los incentivos a la contratación, que en muchos casos no logran generar empleo adicional, especialmente cuando no están suficientemente focalizados.

La normativa actual, al establecer un diseño excesivamente detallado de estos programas de incentivos, restringe la capacidad de las comunidades autónomas para adaptarlos a las particularidades de su entorno económico y social. Esta rigidez, combinada con la falta de una evaluación sistemática y continua, reduce el impacto real de estas políticas.

En este contexto, los expertos abogan por un rediseño integral de estos instrumentos, basado en criterios más selectivos, adaptables y sometidos a mecanismos de revisión permanente que aseguren su efectividad y eficiencia.