El CES entrega al Congreso la memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España en 2023

El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, ha entregado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España en 2023, donde la institución advierte del incremento de la pobreza y de las trabas que supone la vivienda para el crecimiento de la economía.

El acto de este martes ha sido sólo para entregar el documento a la Cámara Baja, pues el pasado 26 de junio Costas compareció en la Comisión de Economía del Congreso para desgranar las principales conclusiones del documento.

Precisamente, uno de los apuntes que dejaba el texto es que España está vivienda una «primavera económica» desde que salió de la pandemia, de manera que en términos macroeconómicos la economía ha evolucionado favorablemente.

Sin embargo, ese buen desempeño de indicadores como el Producto Interior Bruto (PIB) no ha logrado evitar que se haya producido un aumento de la pobreza, y especialmente de la pobreza infantil. Por ese motivo, Costas enfatizó en la Cámara Baja en la necesidad de invertir más en materia de infancia, a la que catalogó como la «mejor inversión» a acometer por sus retornos «elevados» que se mantienen a lo largo de los años.

HAY QUE AYUDAR A LOS PARADOS DE LARGA DURACIÓN

También indicó que sería aconsejable hacer «algún tipo de equilibrio» para disminuir el impacto que tienen algunos bienes fundamentales en la cesta de la compra, impulsar la formación dual y diseñar planes de acompañamiento laboral para parados de larga duración.

De su lado, Costas incidió que la vivienda en España empieza a ser un obstáculo al generar cuellos de botella en el desempeño económico de España. Esto se debe, explicó el presidente del CES, a que los altos precios de la vivienda impiden en muchos casos la movilidad laboral y añaden más presión a la capacidad de compra de las familias.

Con ese panorama, el máximo representante del Consejo dijo que la solución pasa por incrementar el stock de vivienda de alquiler social, que en la actualidad se encuentra en un umbral de entre el 1,5% y el 2,5%.