Inventario
El dinero es para repartirlo
Las empresas españolas del Ibex acumulan 30.000 millones de euros en efectivo, nada menos que cinco billones de pesetas. Pero su cesta tiene rendijas cada vez más grandes y una parte sustancial de esta liquidez les durará poco, porque está destinada al bolsillo de sus accionistas, a los que les llegará a través de los dividendos. Algo que supuestamente resulta natural, pero que quizá no lo sea tanto, porque la política de macrodividendos se ha establecido en unos años de grandes beneficios y cuando la financiación bancaria era barata y abundante.
Los consejos de administración se han congraciado con sus accionistas –y consigo mismo– moviendo la caja de la empresa con generosidad y prodigalidad en el reparto. El anterior presidente de Endesa se ganó así grandes aliados y estableció una senda que entonces era fácil de seguir pero difícil de interrumpir cuando los tiempos cambiasen y ahora han cambiado. Ya no hay financiación abundante y tampoco es barata, por lo que empieza a perder sentido desprenderse del dinero que genera la compañía si luego es necesario ir a buscarlo fuera o si puede servir para reducir el endeudamiento. ¿Pero, quién cambia ahora esa dinámica cuando está de por medio la imagen de los gestores de la empresa y, sobre todo, la presión de los grandes accionistas, que necesitan esos dividendos para pagar los intereses de los descomunales créditos bancarios que pidieron, precisamente, para comprar esas acciones.
Como en tantas otras cosas, por un lado va la lógica y por otro el conglomerado de intereses particulares y colectivos que se mezclan en la gestión de una empresa. No deja de ser contradictorio que, mientras hablan de recesión, la mayor parte de las compañías del Ibex mantengan generosas políticas de reparto de dividendos, en lugar de cubrirse las espaldas, reducir deuda o aprovechar el bajón del mercado para comprar otras compañías que han quedado a precio de saldo. Son los efectos perversos de crear costumbres y una de las más peligrosas es confundir la renta variable con la fija, prefijando los dividendos, pase lo que pase.
Estrafalario biodiésel
Los países pequeños siempre han tenido la necesidad de mostrarse independientes de las grandes potencias. A veces lo hacen con decisiones casi revolucionarias que, antes o después, les llevan a depender de otros y, cuando no es así, vuelven a la dependencia anterior en poco tiempo. Es cuestión de tamaño y de dinero. España, por su dimensión, no necesita hacer declaraciones de independencia, pero sí debería planteárselas en algunos terrenos, como el energético. Somos más dependientes del petróleo que nadie, por no tener ni gota y no habernos preocupado lo suficiente en buscar alternativas que evitasen un colapso de la economía cuando el petróleo se pone por las nubes, como ahora, o si una parte de los productores decide cerrar temporalmente el grifo.
Los últimos gobiernos han tomado conciencia y han apostado por la diversificación, a través de las energías renovables, lo que debiera resolver dos problemas al mismo tiempo, el de la concentración de riesgos y el fuerte desequilibrio de la balanza comercial que originan las importaciones de petróleo. Y nos hemos lanzado con mucho empeño, aunque en el terreno del biodiésel los resultados son cuestionables. Ya tenemos 22 plantas de fabricación en pie, con una inversión que se puede estimar en unos 200 millones de euros, pero bastantes de ellas no funcionan y las que lo hacen trabajan casi al ralentí. La razón es que la mitad del biodiésel que se consume en España lo importamos de Estados Unidos, de forma que, tanto si quemamos derivados del petróleo como si usamos un sustitutivo, seguimos comprándolo en el exterior.
Como se ve, no resulta sencillo dejar de ser dependientes en un mercado donde hay mucha teoría liberal pero poco juego limpio. El biodiésel español no es de peor calidad ni tiene la animadversión de los consumidores, pero las petroleras, que controlan la mayoría de las gasolineras, prefieren el importado por algo tan fácil de entender como que, al resultar más barato, les deja más margen. Exactamente lo mismo que ocurre con algunos envasadores de leche, al optar por la francesa.
La cuestión es cómo pueden los norteamericanos vender su biodiésel en España más barato que el producido en nuestro país, después de pagar un arancel comunitario del 6,5%. La explicación está en el crédito fiscal que se estableció en 2004 en EE UU para fomentar las exportaciones, que permite vender al exterior por debajo de los precios de coste. La paradoja es que, cuando llega a España, este combustible se beneficia, igual que el producido en el país, por el tipo cero en el Impuesto Especial de Hidrocarburos que, en principio estaba diseñado para evitar nuestra dependencia energética. Es obvio que el legislador no hiló muy fino y sólo pensó que todo lo que podía llegar de fuera iban a ser derivados del petróleo.
El resultado es que hemos acabado por subvencionar con 50 millones de euros (los impuestos eximidos) el biodiésel americano, que pasan directamente al bolsillo de las petroleras importadoras y, mientras tanto, las fábricas que se han montando en España, donde ya hay 800.000 toneladas de capacidad productiva instalada, trabajan al 20%. Y, si llegan a término todos los proyectos que están en marcha para hacer más industrias, pueden dar por bueno este porcentaje.
Cómplices del absentismo
Nadie supera en benevolencia y magnanimidad a quienes administran el dinero público. Y como eso es bien sabido por todos, cada cual acude a rebañar lo que puede. Tanto que si se trata de valorar las políticas en favor de algunos colectivos o de las empresas, casi nadie se plantea si están resultando o no eficaces para el conjunto sino que se mira exclusivamente a sí mismo: “a mí nunca me han dado nada”.
Así, quien cree que no recibe lo que debía, directamente se lo coge. Los policías de Los Corrales estaban enfadados con la alcaldesa y de los dieciocho de plantilla, catorce “se cogieron” la baja. Como ni siquiera merece la pena disimular, lo hicieron todos el mismo día. Pero más inadmisible que esta huelga encubierta en la que los huelguistas seguían cobrando, es que los médicos les dieran las bajas, que a falta de otros argumentos de incapacidad física o mental podrían haber tipificado como “enfermos de cabreo”. Al menos, no nos engañaríamos.
Este ejemplo de cómo el usuario de la Seguridad Social llega a autoprescribirse las bajas con la colaboración de médicos que no quiere problemas es una dramática constatación del descontrol en el gasto sanitario en casi todos sus aspectos, que no solo no ha mejorado con la transferencia, sino que lleva camino de devorar todo el entramado financiero autonómico.
¿Cómo controlar el gasto cuando los controladores son los más incumplidores? Mientras que en la mayoría de las empresas privadas el absentismo no sobrepasa el 4% y sólo en las fábricas con plantillas más maduras pueden alcanzar el 7%, en el Servicio Cántabro de Salud el porcentaje de trabajadores de baja hay quien dice que llega al 30%. Muy pocos conocen el dato exacto y se cuidan muy mucho de darlo a conocer ante el presumible escándalo en la opinión pública, si es que el contribuyente se escandaliza ya de algo.
La situación llega al punto que hay trabajadores interinos que cubren la baja de otro interino que, a su vez, cubre la baja de un titular, es decir, que pagamos tres personas para cubrir un solo puesto. Ahorraríamos mucho si estudiásemos qué extraña epidemia hace que médicos, enfermeras, celadores o auxiliares enfermen más que sus propios pacientes. Por el contrario, no habría que buscar mucho para encontrar la panacea de la salud. Bastaría analizar el modo de vida de los autónomos, trabajadores que nunca se ponen enfermos, por la cuenta que les trae, ya que no cobran o cobran poco.
Como se ve, incluso la enfermedad es clasista. Hay bajas o no hay bajas en función de la prestación que se percibe y de la capacidad de presionar al médico que las concede. Y así hemos llegado a esta perversión del sistema que permite a muchos trabajadores, sobre todo los del sector público, manifestar sin rubor que “me he cogido una baja”, en el convencimiento de que su interlocutor no se extraña en absoluto de que alguien no tenga el menor interés por ir a trabajar ese día, esa semana o ese mes y haya un médico dispuesto a darle coartada.
Lo que ocurre en el sector público difícilmente podría verse en una empresa privada. No ha pasado mucho tiempo desde que el anterior concejal de Policías de Santander amenazó a la plantilla de municipales con quitarles el complemento de productividad mientras permaneciesen de baja (curiosamente, también se cobra el plus estando en casa), lo que hizo bajar bruscamente el absentismo, que era nada menos que del 18%.
Cuando los políticos compadrean con los funcionarios para no perder su favor, crean un grave problema general, porque éstos, a su vez, son los que deben imponer la disciplina al resto del sistema. Y como la laxitud es creciente, llegará el día en que nos encontremos con que están de baja todos aquellos que tienen que controlarlas y quienes las conceden las seguirán dando a todo el que se las pida, para evitar que el estrés de negarlas les haga ponerse a ellos de baja. En resumen, que el absentismo es la peor de las epidemias para el erario público y ni siquiera ha detectado la enfermedad.