El Congreso admite a trámite la ley de Sumar para reclamar al banco cláusulas abusivas hipotecarias

El Congreso ha admitido a trámite una proposición de ley de Sumar para que las entidades financieras ofrezcan a sus clientes vías para reclamar cláusulas abusivas vinculadas a la amortización del pago de la hipoteca e intereses conocidas como Redito ad Libitum (Redal), con el único voto en contra de Vox.

La ley contempla que los bancos desarrollen un sistema de reclamación específico para estos casos y que la banca no pueda iniciar, en ningún caso, un procedimiento civil por incumplimiento de las condiciones del pago del contrato cuando este incluya cláusulas abusivas, siempre que las cuotas satisfechas hasta el momento por el cliente sean superiores a los intereses mensuales.

El encargado de defender la ley desde tribuna ha sido el dirigente de En Comú integrado en Sumar, Félix Alonso, quien ha explicado que uno de los principales objetivos de la norma es que ninguna familia que haya firmado una hipoteca con cláusulas Redal sea desahuciada por no poder pagar su préstamo con el banco.

Así, si la familia paga los intereses y amortiza un mínimo de un euro al mes, podrá seguir en su vivienda hasta el último recibo de su hipoteca. En ese momento la familia podrá vender la casa, devolverla al banco, con tanteo y retracto por parte de la Administración para apilar el parque público, o pagar el total del préstamo restante. «Es un win-win , todos ganan, la familia no pierde su casa y el banco ingresa más intereses», ha defendido desde tribuna el diputado.

MUCHAS HIPOTECAS FIRMADAS ANTES DE 2011 TENÍAN ESTAS CLÁUSULAS

Sumar explica que dichas cláusulas se introdujeron en muchos contratos hipotecarios mediante métodos matemáticos engañosos o sistemas de subamortización encubierta, de modo que en contratos de cuota creciente se aplaza la devolución del capital durante muchos años y después de décadas se encarece fuertemente la cuota, algo que no se explica a la hora de firmar.

Alonso ha señalado que la casi totalidad de hipotecas variables firmadas contenían errores hasta 2011, año en el que el Ministerio de Economía publicó una Orden Ministerial para actuar en las hipotecas con cláusulas Redal y que estas pasaran un chequeo.

«Antes del 2011 vivíamos una etapa en la que corría mucho el dinero, las entidades se saltaban su propia conducta financiera, se firmaban ante notarios contratos sin fórmulas matemáticas», ha denunciado Alonso. La ausencia de las fórmulas para calcular la cuota hipotecaria implicaba que cuando cambiaban los intereses, el consumidor se quedaba al albur de lo que le cobrara el banco «unilateralmente».

PSOE, JUNTS, ERC Y BILDU, A FAVOR DE LOS CLIENTES

La portavoz del PSOE en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso, Noelia Cobo Pérez, ha enfatizado que para su grupo es una «prioridad» el refuerzo de la protección de los clientes financieros, y ha subrayado la necesidad de dotar a las personas consumidoras de disponer de procedimientos eficaces para su defensa.

«Desde el Grupo Socialista siempre hemos estado, estamos y estaremos al lado de la protección de los consumidores (…) Por lo tanto, a pesar de lo que ya se ha conseguido, el trabajo no puede finalizar ahí. La protección debe mejorar y nuestro esfuerzo continuar», ha señalado Cobo desde tribuna.

La portavoz de ERC, Pilar Vallugera, ha comenzado su intervención felicitando a Sumar por su iniciativa, a la que ya ha dicho que el grupo independentistas votará a favor. Durante su intervención, la diputada ha denunciado la falta de transparencia que ofrecen los bancos en la redacción de los contratos hipotecarios.

«Cuando le dicen a uno que tiene el sistema francés o el sistema de Hamburgo, la mayoría no sabemos a qué se refiere», ha dicho Vallugera en referencia a los sistemas de amortización de la cuota hipotecaria.

De su lado, el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, ha confirmado desde tribuna que su grupo votará a favor «por justicia» y para intentar «poner coto a los desmanes de la banca». «Nos parece bien que se les obligue a tener más transparencia a aquellos que siguen amasando grandes fortunas», ha argumentado.

El diputado de Junts, Josep Maria Cruset, ha indicado que los efectos de las cláusulas Redal «son pocos conocidos» y precisamente eso facilita su implantación por parte de las entidades bancarias, por lo que no ve de más una regulación en este sentido para evitar una «excesiva judicialización».

«Estaremos al lado de los vulnerables para facilitar su aprobación, así como para garantizar que los bancos ofrezcan un trato justo y un servicio de calidad a todos los clientes con independencia de dónde residan, una gran ciudad o un pequeño pueblo rural», ha defendido Cruset.

La portavoz económica del PNV, Idoia Sagastizabal, ha mostrado algunas dudas sobre la ley, en concreto por la revisión generalizada de todas las hipotecas firmadas en el Estado para comprobar si realmente se encuentran en una situación como esta, y que no se permita a los bancos iniciar un procedimiento civil contra el cliente.

Eso sí, ha apuntado que le parece «interesante» regular «cuantos nuevos aspectos sean necesarios a considerar en la redacción de los contratos hipotecarios para que el clausulado de los contratos sean transparentes».

Quien se ha mostrado más crítico ha sido unas de las principales voces económias de Vox, Pablo Sáez, quien ha señalado que la proposición de ley no explica en su exposición de motivos las razones por las que no se considera adecuado el sistema de reclamaciones existente y por qué pide a las entidades de crédito implantar un sistema de reclamación específico.

VOX SE MUESTRA CRÍTICO

Vox también ha criticado si la iniciativa propuesta por Sumar va a suponer la paralización de la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero que el Gobierno quiere desarrollar para resolver de manera extrajudicial los conflictos entre banca y clientes.

En el turno del PP ha intervenido la diputada María Pilar Alía Aguado, quien ha criticado que Sumar alerte sobre los peligros de la subamortización en la hipoteca cuando esta «son los periodos de carencia» y el cliente tiene potestad para aceptarla o no. «Esto no es una trampa, señorías de Sumar», ha dicho.

Alía Aguado también ha dicho que no le ve sentido al sistema de reclamación específico, donde la entidad financiera tiene que ofrecer al consumidor un sistema de pago mixto, en el que el capital puede ser incluso de «unos céntimos». La diputada también ha criticado que si el conflicto entre banca y cliente se alarga más de tres meses se le dará la razón al consumidor.