El Congreso añade el impuesto a la banca en la reforma fiscal del Gobierno, a la espera de la votación final

El Congreso de los Diputados ha añadido finalmente el impuesto a la banca en la reforma fiscal que PSOE y Sumar acordaron con Junts el pasado lunes en la Comisión de Hacienda, a la espera de lo que suceda en la votación final de la ley del impuesto mínimo global a las empresas multinacionales.

Este impuesto ya se intentó meter el pasado lunes en la larga Comisión de Hacienda que se prolongó durante más de siete horas, pero entonces no salió adelante por la abstención de ERC y de Bildu. Esta vez sí se ha aprobado tras el acuerdo con los independentistas prometiendo que en 2025 habrá un impuesto a las energéticas.

Así, el gravamen a la banca que se creó en un decreto de medidas por la guerra de Ucrania y que caducará el 31 de diciembre pasará de ser una prestación patrimonial a un impuesto, lo que implica que las haciendas forales y las comunidades autónomas lo podrán gestionar. Por otro lado, el tipo será del 7% para las entidades financieras cuyo margen de intereses y comisiones supere los 5.000 millones de euros.

De este modo, el tipo sería del 1% hasta los 750 millones, del 3,5% hasta los 1.500 millones, del 4,8% hasta los 3.000 millones, del 6% hasta los 5.000 millones y del 7% desde 5.000 millones en adelante.

LA RECAUDACIÓN IRÁ EN FUNCIÓN DEL PIB TERRITORIAL

Asimismo, la recaudación obtenida se distribuirá a las comunidades autónomas de régimen común en el año natural siguiente a aquél en el que deba autoliquidarse el impuesto, en función de su Producto Interior Bruto (PIB), una filosofía que sigue el acuerdo de financiación autonómica que los socialistas pactaron con ERC en Cataluña.

El importe de la recaudación se pondrá anualmente a disposición de las autonomías de régimen común mediante operaciones de tesorería, cuyo procedimiento se determinará reglamentariamente, y se efectuará en el ejercicio siguiente al de recaudación del impuesto.

INCAPACIDAD PERMANENTE

Otra de las enmiendas aprobadas en el Pleno es una de PSOE y Junts para que las personas en caso de incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez no pierdan su pensión si acceden a un empleo y finalmente no pueden proseguir con el mismo.

Lo que el PSOE no ha conseguido introducir en la ley ha sido su intento de subir la fiscalidad al diésel, que se ha visto frustrado por el voto en contra de Podemos, PP, Vox y UPN. Tampoco ha prosperado la enmienda socialista para regular a las socimis.