El Congreso aprueba mañana en comisión la Autoridad del Cliente Financiero y su nueva financiación

La tasa de 250 euros por reclamación que criticó la banca se cambia por un pago anual que bonificará a entidades que pacten con clientes

La Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital aprobará este jueves el proyecto de ley por el que se crea la futura Autoridad del Cliente Financiero, una nueva agencia de supervisión que unificará los criterios para gestionar las reclamaciones entre clientes y entidades bancarias.

La previsión es que el texto sea aprobado en comisión sin inconvenientes, después de que el Gobierno haya llegado a varios acuerdos con los diferentes grupos parlamentarios y así granjearse un apoyo asegurado al proyecto de ley.

De hecho, en la fase de Ponencia el dictamen sólo contó con el rechazo de Vox, mientras que el resto de formaciones votó a favor. Una vez que supere su trámite en comisión, la norma se elevaría al Pleno de la Cámara, para posteriormente enviarse al Senado y seguir los mismos trámites que en el Congreso.

RESPALDO MAYORITARIO

Uno de estos acuerdos se refiere a una modificación de la tasa que va a financiar este organismo. Y es que, la idea original era que la agencia se financiara con una tasa fija de 250 euros que los bancos tendrían que abonar cada vez que el organismo acepte a trámite una reclamación de un cliente. Tras el rechazado generalizado de la banca y los grupos parlamentarios, se ha establecido un nuevo sistema que premiará a aquellos bancos que más acuerdos alcancen con sus clientes.

Este cambio en el sistema se produce mediante una enmienda transaccional de varios grupos que ya ha sido introducido en el informe de la Ponencia. Así, la Autoridad Financiera cobrará una tasa anual por la actividad de resolución de reclamaciones y su cuantía dependerá de los costes directos e indirectos, incluidos los de carácter financiero, amortización de inmovilizado y, en su caso, los necesarios para garantizar el mantenimiento y desarrollo razonable de la actividad por cuya realización se exige la tasa.

De este modo, la tasa se fraccionará en dos partes. En una primera, al 40% de los gastos en que haya incurrido la Autoridad en el ejercicio anterior se aplicará el porcentaje que individualmente representan el número de las reclamaciones resueltas frente a cada una de las entidades en ese ejercicio sobre el número total de reclamaciones resueltas frente a todas las entidades.

Y al 60% restante se aplicará el porcentaje que individualmente representan el número de las resoluciones favorables al reclamante frente a cada una de las entidades en el ejercicio anterior sobre el número total de las resoluciones favorables al reclamante frente a todas las citadas entidades.

Es decir, sobre el 40% de los gastos se tendrá en cuenta las reclamaciones resueltas, mientras que en el 60% irá en función de las reclamaciones favorables al reclamante.

CASTIGAR A LOS QUE NO CUMPLEN

Esto en la práctica, según explican fuentes parlamentarias a Europa Press, supone premiar a aquellos bancos que «mejor lo hacen» y «castigar» a aquellos que menos cumplen, al depender la mayor parte del abono de la tasa las reclamaciones que han sido favorables al reclamante y contrarias al banco.

La competencia para la gestión, liquidación y recaudación en periodo voluntaria de la tasa corresponderá a la propia Autoridad, llevándose a cabo su gestión recaudatoria en periodo ejecutivo por convenio por los órganos de recaudación de la Agencia Tributaria.