El Congreso aprueba mañana la nueva Ley General de Telecomunicaciones, con apoyo de PP y Cs

Fija como servicio universal el acceso a Internet de banda ancha de una velocidad mínima de 10 MB, con vistas a ampliarla a 30 MB

El Pleno del Congreso aprobará este jueves el proyecto de ley General de Telecomunicaciones, previsiblemente con el respaldo del PP y Ciudadanos, que han respaldado esta iniciativa durante su tramitación parlamentaria.

Así, PSOE y Unidas Podemos sacaron adelante la iniciativa este martes en la Comisión de Asuntos Económicos con el respaldo de estas formaciones, y no con sus socios habituales, Esquerra Republicana y el PNV, que optaron por la abstención.

La norma incorpora a la legislación española el Código de las comunicaciones electrónicas de la Unión Europea de 2018 y entre sus novedades se encuentra una ampliación de funciones del 112, con posibilidad de crear un sistema de alertas públicas y el uso de la ubicación de los teléfonos para determinar la geolocalización de las llamadas, y nuevas normas para la portabilidad y la gestión del espectro radioeléctrico.

ACCESO A BANDA ANCHA A 10 MB POR SEGUNDO, NUEVO SERVICIO UNIVERSAL

También una reforma del servicio universal, con la introducción del acceso a Internet de banda ancha y una velocidad mínima fijada por el Congreso de 10 MB por segundo, pero con vistas a elevarlo a 30 MB «tan pronto como sea posible» en un futuro decreto, teniendo en cuenta los avances tecnológicos y el desarrollo de las redes.

Por otro lado, la ley que viene a sustituir a la Ley de Telecomunicaciones de 2014 amplía la duración mínima de las concesiones de espectro hasta los 20 años, prorrogables hasta un máximo de 40 años, y agiliza los permisos con el fin de facilitar y acelerar el despliegue del 5G.

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE FORMA DIRECTA

Entre las novedades incluidas durante su tramitación en la Cámara, habilitará a las administraciones públicas a prestar servicios de telecomunicaciones directamente, así como a instalar, desplegar y explotar redes sin necesidad de hacerlo a través de itra sociedad o entidad, como venía sucediendo hasta ahora.

Otras modificaciones pasan por asegurar en la ley que las administraciones competentes, también autonómicas, puedan exigir compensaciones a los operadores por el uso de infraestructuras de su titularidad, y a obligar a los propietarios de edificios a dejar instalar red en su propiedad si no existe una alternativa viable.

LLAMADAS NO DESEADAS Y ATENCIÓN TELEFÓNICA 24 HORAS

Respecto a las disposiciones destinadas al usuario, se limita la duración de los contratos a 24 meses, se regulan por primera vez los paquetes de servicio, se amplían los derechos de portabilidad y se permitirá conservar el saldo de un móvil prepago al cambiar de operador.

Durante su tramitación parlamentaria, a iniciativa de ERC los grupos han aprobado reconocer el derecho de una persona a no recibir llamadas comerciales no deseadas, limitándolas únicamente a personas que previamente hayan dado su consentimiento.

Esto da la vuelta al régimen de protección frente a estas llamadas, ya que el proyecto reconocía el derecho a oponerse a este tipo de llamadas. En todo caso, este derecho entrará en vigor una vez pasen 12 meses desde la aprobación de la norma.

Por otro lado, durante la tramitación parlamentaria también se ha reconocido el derecho de los consumidores a una especial protección en la utilización de servicios de tarificación especial y el deber de los operadores a contar con servicios de atención al cliente de forma telefónica para «garantizar en todo momento una atención personal directa».