El Congreso, con abstención del Gobierno, pide a Puente un nuevo mapa de la red estatal de paradas de bus

El Congreso de los Diputados, con la abstención de PSOE y Sumar, ha aprobado una proposición no de ley del PP con la que exige al Ministerio de Transportes de Óscar Puente elaborar, en conjunto con las comunidades autónomas, un nuevo mapa concesional estatal de los servicios de transporte público interurbano regular de viajeros por carretera.

La propuesta ha conseguido prosperar por el voto favorable de PP, Coalición Canaria, UPN y BNG, que han sumado 139 síes frente a los 51 noes de Vox, Podemos, Junts y EH Bildu y las 139 abstenciones de los socios de Gobierno, PNV y ERC.

En 2022 el ministerio envió a las comunidades autónomas una propuesta de un nuevo mapa concesional para estos servicios, donde se suprimían 9.305 paradas de autobús en 1.417 municipios. Según la propuesta aprobada, el plan propuesto por Puente dibujaba 456 rutas en el territorio nacional, un 47,2% menos que las actuales que dejarían sin servicios de autobús estatal a más de 3,2 millones de personas.

Los criterios del mapa estatal planteados en 2022 eran los de contar con servicios de transporte directos, conexiones con grandes nodos de población y grandes flujos entre capitales de provincia y grandes poblaciones, lo que, a juicio de los populares , no atiende a las necesidades de toda la población del territorio nacional, y «choca de lleno» con la realidad de territorios de la España rural con amplia dispersión.

En este contexto, el Congreso de los Diputados insta al Ejecutivo a retirar el borrador del nuevo mapa concesional de los servicios de transporte público interurbano regular de viajeros por carretera realizado en mayo de 2022 y elaborar una nueva propuesta.

Además de pedir que esta nueva propuesta se elabore con las comunidades autónomas, se pide que en el caso de que quisiera transferir tráficos a las autonomías, se acuerde previamente con cada una de ellas la modificación del nuevo mapa concesional, reformulando su planteamiento, teniendo en cuenta las particularidades y la realidad de los distintos territorios.

Por último, se exige un marco «estable y permanente» de financiación para las comunidades autónomas que garantice a estas cubrir el coste de los servicios de transporte público interurbano regular de viajeros por carretera que dejen de prestar a la Administración General del Estado según acuerdo previo entre las partes.