El Congreso debate este martes hacer permanente el escudo social , exigencia de Bildu al Gobierno

El Pleno del Congreso debate este martes, a instancias de EH-Bildu, convertir en permanentes las medidas contempladas en el llamado escudo social aprobado por el Gobierno de coalición durante la pandemia de Covid-19 en materia de vivienda y suministros básicos.

Esta es la reivindicación que Bildu elevará a debate y someterá a votación en la Cámara Baja, en plena tramitación presupuestaria, y cuando el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos busca volver a contar con sus votos y reeditar los apoyos de las anteriores cuentas.

Para ello, esta formación ya ha advertido de que, además de inversiones territoriales, espera conseguir avances en derechos sociales, atendiendo especialmente a la situación de vulnerabilidad provocada por la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia.

La iniciativa que defenderán ante el Pleno apuesta por impedir los cortes de suministro de energía y agua en casos de vulnerabilidad, la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional y el aplazamiento de la renta del alquiler en situaciones de vulnerabilidad cuando el propietario sea una empresa, una entidad pública o un gran tenedor.

ELEVAR LA MEDIDA AL RANGO DE «DERECHOS PERMANENTES ADQUIRIDOS»

En su iniciativa, recogida por Europa Press, Bildu señala que estas medidas, insuficientes pero eficaces para salvaguardar derechos básicos, caducarán el próximo 31 de octubre, pese a que las situaciones de desprotección aumentan «drásticamente».

Por ello, considera que las principales medidas del llamado escudo social «siguen siendo necesarias a día de hoy y lo serán en el futuro», sobre todo si se tiene en cuenta que, según sus cálculos, la finalización de la moratoria antidesahucios desencadenará unos 80.000 desalojos, «un auténtico escándalo que se debe impedir».

Por ello, la izquierda abertzale apuesta por que estas medidas extraordinarias y temporales se conviertan en estructurales y se eleven al rango de «derechos permanentes adquiridos» de la ciudadanía y las personas más vulnerables frente a «los intereses económicos y especulativos alrededor del mercado inmobiliario y las empresas proveedoras de suministros básicos».