El Congreso vota el decreto que amplía créditos ICO, la moratoria concursal y el blindaje a cotizadas

Esta norma también contiene la rebaja del IVA de las mascarillas y un suplemento de crédito de 6.000 millones a la Seguridad Social

El Pleno del Congreso examina este jueves el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 17 de noviembre con varias medidas, como la ampliación en la concesión de los avales del ICO, la moratoria concursal, el blindaje a empresas cotizadas, la rebaja del IVA a las mascarillas y un crédito adicional de 6.000 millones de euros a la Seguridad Social.

Concretamente, este decreto contempla la ampliación del plazo para conceder avales ICO hasta el 30 de junio de 2021, la extensión del plazo de devolución en tres años más, hasta un máximo de ocho años, y la ampliación del periodo de carencia en 12 meses, hasta el máximo de 24 meses.

Con datos a cierre de noviembre, esta línea de créditos ha registrado 910.000 operaciones de financiación, con la movilización de más de 110.000 millones de euros. Las más de 700.000 operaciones de menos de 100.000 euros –el 80% del total, aproximadamente–, tienen un importe medio de financiación de 33.000 euros, con mayor incidencia en el turismo, el ocio, actividades culturales, automoción. Canarias y Baleares son las comunidades con mayor número de avales concedidos.

Otras medidas contempladas en el decreto son la rebaja del 50% en los aranceles notariales y registrales al registrar operaciones de ampliación, o autorizar al ICO a dirigirse directamente a la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) para agilizar la comprobación de los impagados que le comuniquen las entidades financieras.

También se permite acceder a la línea de avales a los pagarés que se comercializan en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y se amplía de 500 millones a 1.000 millones de euros el umbral de capitalización mínimo a partir del cual las empresas en expansión deben pasar de cotizar en el mercado alternativo, antes MAB y ahora BME Growth , al mercado continuo.

MORATORIA CONCURSAL HASTA EL 14 DE MARZO

Por otra parte la moratoria concursal prevista hasta este 31 de diciembre se prorroga al 14 de marzo de 2021, suspendiendo la obligación de los deudores de solicitar concurso de acreedores (concurso voluntario), así como la obligación del juez de admitir a trámite el concurso si lo solicitan los acreedores antes de esa fecha (concurso necesario).

También se amplía hasta el 31 de enero la obligación del juez de no tramitar las solicitudes que formulen los acreedores por el incumplimiento por parte de los deudores de los acuerdos de refinanciación o convenios que se hubieran alcanzado. En el caso de que se hubieran empezado a tramitar solicitudes de incumplimiento entre el 31 de octubre –límite temporal anterior- y la fecha de entrada en vigor de esta norma, el juez deberá suspender su tramitación.

Según la estadística de Procedimiento Concursal que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), las familias y empresas que se declararon en concurso de acreedores ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas subieron un 1,6% en el tercer trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2019, hasta sumar 1.678, en un contexto marcado por el Covid-19, y un 51% en tasa trimestral, el mayor aumento intertrimestral en casi ocho años.

PROTECCIÓN FRENTE A INVERSORES EXTRANJEROS

También se amplía hasta el 30 de junio de 2021 la reforma de la normativa sobre inversiones exteriores que impide que empresas o inversores de otros países la Unión Europea puedan hacerse con el control de entidades españolas de sectores estratégicos aprovechando la caída de su cotización por el coronavirus.

De forma temporal hasta el cierre del primer semestre de 2021, se incluyen en el régimen de autorización previa las inversiones extranjeras directas realizadas por residentes de otros países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio en sociedades cotizadas en España o en sociedades no cotizadas si la inversión es superior a 500 millones de euros.

Además, se aclaran los sectores estratégicos en los que se requiere autorización para llevar a cabo una inversión. Con el decreto, la medida se aplica directamente a invesores de otros países de la Unión Europea, y con ella se trata de proteger tanto a empresas cotizadas como no cotizadas de sectores estratégicos.

REBAJAS DEL IVA ANTICOVID CON UN COSTE DE HASTA 850 MILLONES

Asimismo, el decreto ley también recoge la rebaja del IVA de las mascarillas quirúrgicas desechables del 21% al 4% hasta el 31 de diciembre de 2021, con un coste de entre 350 y 850 millones de euros, según estima el Gobierno, así como la prórroga del IVA cero para la compra de material sanitario por parte de centros sanitarios hasta abril de 2021.

Junto a las mascarillas, también están incluidos guantes, batas impermeables, termómetros o respiradores necesarios para hacer frente a la emergencia sanitaria. Esta medida tiene carácter retroactivo desde el 1 de noviembre, cuando finalizó la primera prórroga de esta iniciativa.

MÁS DE 8.000 MILLONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL SEPE

Finalmente, el decreto ley contempla un suplemento de crédito por valor de 6.000 millones de euros para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social ante las medidas aprobadas a cargo de su presupuesto para la protección de rentas para hacer frente a la pandemia, y otro de 2.300 millones al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Asimismo, el Gobierno ha aprobado un crédito extraordinario de 2.300 millones de euros para que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) pueda hacer frente al mayor gasto en prestaciones contributivas y subsidios derivados de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y de otras ayudas puestas en marcha, como la de los empleados de hogar.

El pasado mes de mayo ya se concedió a la Seguridad Social un crédito de 14.002,59 millones, que ahora tiene una ampliación con el objetivo de atender a las medidas excepcionales puestas en marcha.

Pese a tratarse de un suplemento de crédito, el Gobierno sostiene que no se tratan ni de préstamos ni créditos, sino que lo aprobado hoy son transferencias tanto a la Seguridad Social como al SEPE, en línea de las recomendaciones del Pacto de Toledo, con el objetivo de reducir su déficit, por lo que no computa en su deuda.