El Consejo de Aceites de Cooperativas ve «incumplible» garantizar en los contratos el coste de producción

Asegura que, tras el último decreto, sus compradores les obligaron a firmar contratos con esa cláusula pese a que no cubrían costes

El Consejo Sectorial de Aceite de Oliva de Cooperativas Agroalimentarias de España ha asegurado este miércoles en el Congreso de los Diputados que ve «incumplible» la obligación de garantizar en los contratos de la cadena alimentaria el coste efectivo de producción.

Así lo ha manifestado su presidente, Rafael Sánchez de Puerta, ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde ha expuesto que esa obligación contenida en la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, y avanzada en el decreto ley aprobado por el Gobierno en febrero de 2020, «afecta de forma muy perjudicial a las cooperativas».

Es más, ha asegurado que quienes más se verían perjudicadas serían las explotaciones «más vulnerables», situadas en zonas más desfavorecidas y con mayor coste de cultivo.

Por ello, ha reclamado modificar la ley para «no hablar de costes individuales, sino el coste medio del sector», pero también aplicar estas condiciones a las importaciones y una cuestión de la que espera desarrollo en la nueva Política Agraria Común (PAC), para permitir la autorregulación del sector en campañas excedentarias y poder retirar parte de la producción y adecuar oferta y demanda.

OBLIGADOS A RECONOCER COSTES POR CONTRATO AUNQUE NO SE CUBRIERAN

Y es que, ha sostenido que, tras la entrada en vigor hace ya casi un año de las primeras medidas de urgencia aprobadas por el Gobierno para el campo, se vieron «obligados» a firmar contratos para dar cuenta de esa cláusula, pese a que no era así al precio pactado.

«Inmediatamente, todos los compradores de aceite nos obligaron a firmar un contrato que venía recogido que el precio pactado cubría los costes de producción, cuando sabíamos que no se estaba produciendo», ha aseverado. «¿Qué hacíamos? ¿Dejábamos de vender? Todos los presidentes de cooperativas se vieron obligados a firmar aun sabiendo que estaba muy alejado de la realidad», ha apostillado.

Por todo ello, Sánchez de Puerta ha expuesto ante la Comisión, que esta semana recibe comparecientes en el marco de la tramitación parlamentaria de esta reforma, objeciones a dos artículos concretos de la norma, una referida a una nueva obligación para las cooperativas, y otra al reconocimiento del coste efectivo de producción.

VE AMENAZADA LA VIABILIDAD DE LAS COOPERATIVAS

En el caso de la obligación específica para las cooperativas, ha compartido que tengan un sistema claro y transparente en sus operaciones con sus socios, pero ha pedido «no confundir criterios de determinación de valor con la fijación de valor», y ha abogado por que la liquidación sea «el resultado de la gestión comercial y lo que se haya podido incorporar de valor añadido por la industria y la comercialización».

Por ello, ha pedido normas «suficientemente flexibles» para que «una cooperativa no se vea obligada a trasladar resultados que no haya obtenido en el mercado». «Eso supondría la muerte de la cooperativa», ha espetado.