Editorial

Semejante perspectiva es sencillamente inasumible. Los españoles hemos hecho muchos sacrificios y estamos dispuestos a hacer más si vemos una salida, pero otros cinco años de espera son muchos cuando ya no queda nada de lo que tirar. Antes de esa fecha ocurrirían muchas cosas desagradables en un país que hasta ahora ha evitado caer en la desesperación.
No va a ocurrir eso, lo diga el FMI o lo diga Merkel y no porque las medidas del Gobierno vayan a tener eficacia mucho antes, sino por la propia capacidad de respuesta del país. España está mejor formada, organizada y equipada de lo que ellos y nosotros mismos creemos. Pero lo más importante es que su población tiene más capacidad de adaptarse a circunstancias nuevas que cualquier otra de su entorno, porque en solo dos generaciones ha pasado de ser rural a urbana, de vivir en una dictadura a una democracia, de refugiarse en la autarquía a salir sin complejos al exterior y del ordeno y mando a las aportaciones colectivas. Ni se trabaja menos, como algunos critican, ni peor y la prueba está en que las plantas de las multinacionales que operan en España casi siempre tienen mejores ratios de productividad que sus hermanas de otros países. El problema es que grandes empresas en España hay muy pocas. Más del 85% de la población laboral está ocupada en micropymes y esa estructura productiva sí que es más ineficaz, por su propia naturaleza. Así que vamos a sufrir una destrucción del comercio, de las empresas de servicios, de las inmobiliarias y de los pequeños talleres, que cultivan los nichos locales, y se creará un inmenso páramo que en el futuro será cubierto por grandes compañías foráneas que, por su tamaño, pueden trabajar con costes menores y marcas de prestigio.
Esa es la realidad y las desregulaciones del Gobierno lo único que van a conseguir es despejarles el camino, algo que resultará muy traumático en un país tan tutelado por las tramas administrativas y sociales como España. No nos engañemos, para vender aquí influyen muchos más factores que la calidad y el precio. Y que el Gobierno deje de gastar repercute, por una u otra vía, en todas las familias de Cantabria. Por esa misma capilaridad, el dinero que el Gobierno deja de inyectar en la economía, tampoco le vuelve vía impuestos. Hasta ahora se tenía por bueno que por cada euro que gasta el sector público le genera unos retornos de 60 céntimos, pero un estudio reciente asegura que, en realidad, la horquilla va desde esos 0,6 euros a 1,3, lo cual quiere decir que puede resultar mucho más efectivo gastar que no gastar y que incluso cuando el sector público derrocha, no lo pierde todo, porque al menos el 60% acaba por volver a la caja pública en forma de impuestos o de cotizaciones sociales.

Eso no significa que la mejor política sea tirar de talonario, sino la de gastar con criterio. Y parece que eso los políticos ni lo entendían antes ni lo entienden ahora, cuando en plenas restricciones convierten en un despilfarro el mantenimiento de carísimas consejerías que no pueden hacer absolutamente nada por falta de presupuesto, por no hablar de quienes siguen mentando el AVE en estos momentos en que nos estamos jugando la continuidad de servicios básicos de sanidad y atención social. El propio Gobierno de Madrid, que no ha concedido un euro para Valdecilla, nos asigna 16 millones para un polígono industrial del que ya ni nos acordábamos (¡con todos los que tenemos vacíos!) y continúa tramos de alta velocidad que no conectan con nada ni con nadie, como el que iba a llegar a Lisboa, a pesar de que los portugueses ya han dicho que no harán su parte. No hay que ir tan lejos. El Gobierno cántabro y el Ayuntamiento de Santander tienen planeado un supermuelle para cruceros y otra estación marítima, con la perspectiva de acoger ¡un barco al mes! que para colmo sólo permanecería unas horas. Los otros 29 días podremos utilizarlo para que pasee la gente, como el aeropuerto de Castellón.
Los españoles saldremos de este pozo, pero desgraciadamente no estamos encontrando muchas ayudas.