El gasto de las CCAA en intereses de la deuda rozará los 12.000 millones en 2027, el triple que en 2022

Cataluña será la región que dedicará un mayor gasto financiero a intereses, con casi 3.000 millones, el doble que Madrid

Los gastos financieros de las comunidades autónomas en intereses de su deuda pública rozarían los 12.000 millones de euros en 2027, más del triple que los 3.608 millones de euros de 2022, si emitieran nueva deuda para financiar los vencimientos de la que está actualmente en circulación y el déficit previsto, según estimaciones de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) basadas en las previsiones oficiales y en una serie de supuestos «conservadores».

En concreto, Fedea toma como referencia para estas proyecciones las previsiones de crecimiento del PIB nominal y los objetivos de referencia para el déficit público de las comunidades autónomas recogidas en el Informe de Situación de la Economía Española 2024, la vida media y los plazos de la deuda pública actualmente en circulación, y los tipos de interés existentes desde 2015.

Entrando algo más en detalle, Fedea aceptaría, en sus proyecciones, que las CC.AA. cumplen los objetivos de referencia de la nueva senda de déficit establecida por el Gobierno (0,1% para los años 2025-2027). Para el año 2024, la institución supone que las CC.AA. cerrarán con un déficit del 0,3%, el porcentaje previsto por la AIReF (AIReF, 2024).

«Aquí podría aventurarse que, dado que hasta el momento ha existido una notable dispersión en los valores de déficit público autonómico, ésta podría extenderse en los años venideros. Por supuesto, no descartamos el realismo de esa posibilidad, pero, por otro lado, cabría esperar también que una posible reforma del sistema de financiación autonómica redujese esa dispersión en los desequilibrios financieros autonómicos», precisa el organismo.

El trabajo, elaborado por los investigadores de Fedea Manuel Díaz y Carmen Marín, recuerda que las comunidades autónomas deberán acometer un proceso de consolidación fiscal en los próximos meses para cumplir con las reglas fiscales recién acordadas en el seno de la Unión Europea.

Todo apunta que, a medio plazo, si no se acomete ninguna reforma adicional, se retomarán las exigencias expuestas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera según las cuales, las regiones autonómicas deberán alcanzar el equilibrio presupuestario en términos estructurales, añade Fedea.

La institución estima que el volumen de deuda pública absoluto aumentará en 28.351 millones de euros entre 2022 y 2027, debido al incremento del nivel de deuda observado entre 2023 y 2022 (8.145 millones de euros), la necesidad de financiación del déficit previsto en 2024 junto con los déficit pendientes de ejercicios anteriores (11.353 millones), el pago de las liquidaciones de 2008 y 2009 aplazadas a veinte años (3.774 millones) y la necesidad de financiar los déficit previstos entre 2025-2027 (5.079 millones). Esto daría lugar a un montante de deuda pública de 345.440 millones de euros en 2027.

Sin embargo, al considerar la deuda pública en porcentaje del PIB se observa una reducción de 4,3 puntos explicada por el aumento del PIB previsto por el Ministerio de Economía y Competitividad. Así, la ratio de deuda sobre PIB se reduciría en 2027 hasta el 19,6% desde el 23,9% de 2022.

CATALUÑA, LA REGIÓN QUE MÁS DINERO GASTARÁ EN INTERESES

Con todo, Fedea estima que los gastos financieros de las CC.AA. en intereses de la deuda se incrementará hasta los 12.037 millones de euros en 2027. Esto significa multiplicar por 3,3 los recursos que se dedicaron en 2022 a satisfacer los gastos financieros de la deuda pública autonómica.

Este incremento, explica Fedea, sería consecuencia del «importante aumento» de los tipos de interés al que ya se están enfrentando las haciendas autonómicas y cuyo nivel supone que se mantendrá en los próximos años, así como al elevado volumen de deuda pública.

De acuerdo con los cálculos de Fedea, Cataluña sería la región que dedicaría un mayor gasto financiero a intereses en 2027, casi 3.000 millones de euros, casi tres veces más que en 2022 y el doble que Madrid, para la que se estima un gasto vinculado a intereses de 1.586 millones, el doble que en 2022.

Según Fedea, el tipo medio de la deuda pública autonómica, definido como el cociente entre el pago anual de intereses y el stock de deuda pública a cierre del año, alcanzará el 3,4% en 2026, frente al 1,1% de 2022.

El aumento del tipo medio de la deuda será mayor en las comunidades con parte de su deuda en manos del Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica y Facilidad Financiera que en aquellas que no se están financiando a través de estos mecanismos extraordinarios (Navarra, País Vasco y Madrid).

En Cataluña, el aumento del tipo medio de 2022 a 2027 será de dos puntos, hasta el 3,2%, el mismo incremento previsto para Madrid, que situará el tipo medio en el 4,2% al final de dicho periodo.

No obstante, el tipo medio más elevado proyectado por Fedea para 2027 corresponde a Asturias, con un 4,6%, mientras que el más bajo sería el de La Rioja, con un 2,4%.

Mientras que a lo largo del periodo 2015-2022, el tipo de interés medio para la deuda pública sido del 0,5%, actualmente se sitúa por encima del 3%. «Por consiguiente, nuestras estimaciones del diferencial entre el tipo de interés de la deuda emitida en años anteriores y el tipo de interés al que se emite en estos momentos se sitúan en torno al 2,5%», apunta Fedea.

«CALIBRAR LAS POLÍTICAS FISCALES EXPANSIVAS»

A la vista de estos resultados, Fedea insta a los gobiernos autonómicos a calibrar «con mucha prudencia» todas las políticas fiscales expansivas que ahora y en los años venideros pueden desarrollar.

«Como todas las administraciones, han de ser conscientes de que embarcarse en reducciones significativas de impuestos y/o proyectos de gasto de dudosa rentabilidad social puede dañar la sostenibilidad de sus finanzas», avisa.

Además, Fedea subraya que, dado el elevado déficit estructural de las comunidades, resulta «prioritaria» la puesta en marcha de una estrategia fiscal «creíble» a medio plazo que garantice la sostenibilidad de las cuentas públicas.