El Gobierno aprueba el ingreso mínimo vital, que pretende reducir en un 80% la pobreza extrema en España

El Gobierno ha aprobado en un Consejo de Ministros Extraordinario el ingreso mínimo vital que pretende reducir en un 80% la pobreza extrema en España. Esta prestación llegará a 850.000 hogares (un 16% de ellos monoparentales), de los cuales 100.000 la recibirán de oficio a finales de este mes de junio, y oscilará entre los 460 y los 1.000 euros dependiendo de la composición del hogar.

Se estima que esta prestación llegue a 2,3 millones de personas, de las que un 30% son menores. Además, el Ejecutivo calcula que el 16% de los 850.000 hogares potenciales beneficiarios son monoparentales y, de ellos, casi el 90% están encabezados por una mujer.

Para acceder a la prestación, se deberá acreditar la situación de vulnerabilidad y llevar al menos un año residiendo de forma legal en España, lo que deja fuera a los migrantes en situación irregular.

Si bien, se contemplan algunas excepciones como en el caso de los solicitantes de protección internacional, las víctimas de trata de seres humanos, a partir de la expedición de la autorización de residencia provisional o las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, aunque se encuentren en situación irregular.

Asimismo, en caso de que el solicitante de la prestación esté emancipado, su edad mínima deberá ser de 21 años, salvo en los supuestos de mujeres víctimas de violencia de género y víctimas de trata de seres humanos, en los que se exigirá que la persona titular sea mayor de edad. El límite de edad para percibirla serán los 65 años.

También podrán acceder al ingreso mínimo aquellas mujeres víctimas de maltrato que haya abandonado su domicilio familiar habitual acompañadas de sus hijos y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad.

INCENTIVO AL EMPLEO

Además, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones promoverá estrategias de inclusión de las personas beneficiarias y se aplicará un «incentivo» al ingreso mínimo vital para las unidades de convivencia donde uno o todos los activos estén trabajando.

Igualmente, se contempla la creación de una Comisión de seguimiento, que estará presidida por el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y contará con la presencia del Secretario de Estado de Seguridad Social, a la que se sumará un Consejo Consultivo del ingreso mínimo vital, como órgano de cooperación con las entidades del Tercer Sector de Acción Social.

El ingreso mínimo vital será una prestación de la Seguridad Social y su coste anual rondará los 3.000 millones de euros. Podría complementarse, además, con otras prestaciones de las comunidades autónomas.

Además de analizar las rentas, el ingreso mínimo vital también hará un «test de riqueza». Esto significa que cuando se presente la solicitud se comprobará que el beneficiario no supere un determinado umbral de patrimonio, descontando la vivienda habitual.