El Gobierno aprueba la expropiación y derribo de pública del hotel de El Algarrobico (Almería)

El establecimiento sin uso en pleno Parque Natural de Cabo de Gata se encuentra sumido en litigios desde hace 20 años

El Consejo de Minsitros ha aprobado este martes 11 de febrero la declaración de utilidad pública de parte de El Algarrobico, como paso previo a su expropiación para la demolición del hotel ilegal que se ubica en esta playa, en el municipio de Carboneras (Almería), dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha destacado que hay «dos lecciones» a aprender: que es «fundamental» proteger los ecosistemas y que el dominio público marítimo-terrestre es clave para la protección de las personas frente al riesgo de inundaciones.

Aagesen entiende que la Junta de Andalucía emprenderá «de forma responsable» las actuaciones necesarias sobre la parte del hotel que se encuentra fuera de la franja de 100 metros del dominio público martímo-terrestre (competencia estatal) para que ambas administraciones puedan acometer conjuntamente su derribo total.

A su vez, ha recordado el protocolo firmado en 2011, por el que se acordó qué administración se iba a encargar de los gastos de demolición y gestión de residuos y cuál iba a hacer frente a la partida para restaurar la playa. En este marco, el Gobierno se ha comprometido a asumir los primeros con un presupuesto estimado de siete millones de euros.

Por último, Aagesen ha compartido un mensaje de «reconocimiento y agradecimiento» a los movimientos ambientales y sociales que «les han ayudado» a llevar el asunto al Consejo de Ministros.

Ante preguntas de los periodistas, que han inquirido sobre si ha habido algún tipo de interlocución con la Junta de Andalucía sobre El Algarrobico, Aagesen se ha remitido de nuevo al Protocolo de 2011 y ha incidido en que en él se establece la constitución de una Comisión de Seguimiento que adoptaría entre otras cosas un plan de actuación conjunto.

Además, entiende que la Junta ha declarado «muchas veces» quevan a comprometerse en favor del derribo de El Algarrobico. «Queremos trabaja de la mano; ese es el objetivo fundamental, que consigamos la demolición de El Algarrobico», ha incidido.

Sobre la posibilidad de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se encargue de los anuncios referentes a Andalucía, Aagesen ha destacado que le parece «apropiado» que Montero adelantase este lunes la expropiación de El Algarrobico. Según ha explicado, han colaborado «activamente» con Hacienda para loglarlos y han acudido a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en representación del Gobierno.

ACUMULA SENTENCIAS DEL TSJA Y DEL TS Y UNA DENUNCIA ANTE EL TEDH

El hotel, construido en 2003, acumula sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y del Tribunal Supremo (TS), así como una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

En 2018, el TS declaró en firme que los terrenos en los que estaba construido constituían un área ambientalmente protegida y no un área urbanizable, confirmando una sentencia previa del TSJA de 2016. En 2021, el TSJA se expresó a favor de que Ayuntamiento de Carboneras tenía la obligación de anular la licencia de obras del hotel.

Sin embargo, el TS dictaminó en 2022 que el hotel almeriense no podía ser demolido por tener licencia de obras. En este sentido, declaró que si el Ayuntamiento de Carboneras no cumplía la sentencia que le obliga a calificar los terrenos como protegidos, estos pasaban a ser urbanizables, hasta que el propio Consistorio decidiera cumplir el veredicto y modificar sus normas urbanísticas.

Greenpeace solicitó amparo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en 2024, que ha concluido con que ahora debe investigar la legalidad de la decisión del TS. La responsable del área jurídica de Greenpeace, Inés Díez de Frutos, ha explicado que todavía no han recibido respuesta del TEDH y que en la actualidad el caso se encuentra inmerso en dos procedimientos de ejecución, dado que no hay una voluntad de cumplir por parte del Ayuntamiento.

En líneas generales, denuncia las «tácticas dilatorias» que a su juicio ha llevado a cabo el Ayuntamiento para evitar cumplir con las sentencias y la «triplicación» de los procesos, ya que la promotora del hotel se presenta a algunos tribunales como Azata, Azata del Sol o Azata Inmobiliaria.