El Gobierno cifra en 1.291 millones de euros la compensación a Abertis por la reversión de la AP-7

El Gobierno ha calculado que la reversión al Estado del tramo catalán de la AP-7, que el próximo mes de agosto eliminará sus peajes y pasará a ser gratuita, generará un déficit de 1.291 millones de euros en las cuentas públicas de este año.

Se trata del importe correspondiente a la compensación que el Estado tendrá que abonar a la concesionaria de la autopista, Acesa, perteneciente a Abertis, y ésta, a su vez, a ACS y a la italiana Atlantia, según consta en el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas.

Esta cantidad contrasta con los 4.200 millones de euros que Abertis reclama al Estado como consecuencia de las inversiones realizadas y por los descuentos en el peaje que la compañía realizó en este tramo de la AP-7 que discurre entre Tarragona-Barcelona y Barcelona-La Junquera, pero también por las compensaciones al descenso del tráfico durante la crisis financiera y la nueva crisis originada por el Covid-19.

No obstante, el cálculo del Gobierno recoge solo el saldo por las inversiones realizadas y no la compensación por el descenso del tráfico, que todavía está pendiente de una resolución por parte del Tribunal Supremo, que se mostró en 2017 favorable a este pago, pero que el entonces Ministerio de Fomento recurrió.

Este contencioso entre Abetis y el Estado tiene su origen en un acuerdo de 2006 por el que la empresa se comprometía a realizar obras de ampliación y mejora en la AP-7 y a aplicar descuentos en sus peajes y el Estado a asumir el riesgo de tráfico de la autopista en caso de que el número de usuarios no alcanzara ciertos niveles.

No obstante, en 2011, el nuevo Gobierno comenzó a plantear dudas sobre la interpretación de este acuerdo en cuanto a las compensaciones por tráfico, lo que abrió un infructuoso intercambio de consideraciones e informes entre Abertis y el Gobierno, derivando finalmente a los tribunales.

En el Plan de Estabilidad, el Gobierno recuerda que este importe se verá compensado por el impacto en 2020 de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, relativa a las cantidades adeudadas a Bankia, Caixabank y al Banco Santander por el almacenamiento subterráneo Castor por 1.454 millones de euros, sin correspondencia en 2021.