El Gobierno defiende esta semana en el Congreso su techo de gasto, antesala de los nuevos Presupuestos

El Gobierno defenderá este jueves en el Pleno del Congreso el límite de gasto no financiero, conocido coloquialmente como techo de gasto, para 2023, en lo que se considera el primer paso para la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2023.

Concretamente, el límite de gasto no financiero para 2023 asciende a 198.221 millones de euros, un nuevo récord, superior en un 1,1% al techo de gasto del año pasado, incluyendo 25.156 millones de fondos europeos y una transferencia a la Seguridad Social de 19.888 millones, un 8,1% más que en 2022.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, informará a la Cámara Baja del nuevo marco presupuestario, y defenderá la necesidad de mantener suspendidas las reglas fiscales por cuarto año consecutivo.

Esta votación sobre las reglas fiscales ha venido repitiéndose en los últimos años a raíz de la cláusula de salvaguarda aprobada por las autoridades europeas, aunque este año ya no se plantea suspenderlas por la pandemia de Covid-19, sino por la crisis energética y de precios desencadenada por la invasión rusa de Ucrania.

REGLAS SUSPENDIDAS DESDE 2020

Concretamente, la Comisión Europea y el Consejo Europeo acordaron extender esta cláusula hasta 2023 por el aumento de la incertidumbre, los fuertes riesgos a la baja para las perspectivas económicas, las subidas sin precedentes de los precios de la energía y las continuas perturbaciones de las cadenas de suministro.

En línea con esta decisión, el Gobierno solicita al Congreso mantener activada esta cláusula, que lleva vigente desde el año 2020 al estallar la pandemia de Covid-19, permitiendo la flexibilización de las reglas fiscales a las administraciones.

NO EXISTEN OBJETIVOS DE ESTABILIDAD, PERO SÍ TASAS DE REFERENCIA

La suspensión de las reglas fiscales supone que no existen objetivos de estabilidad y que estos son sustituidos por tasas de referencia de déficit, con la previsión de que el déficit conjunto de las administraciones públicas se situé en 2023 en el 3,9% del PIB, frente al 5% de 2022.

Desagregada por subsectores, las comunidades autónomas contarán con un mayor margen de gasto respecto al contemplado en el Programa de Estabilidad de abril, pasando del 0,1% a una tasa de referencia del 0,3%, dos décimas que serán asumidas por la Administración central (del 3,4% al 3,2%). Para las entidades locales esta tasa será un superávit del 0,1% del PIB, mientras que para la Seguridad Social será del 0,5%.

AIReF AVALA QUE SE DAN LAS CIRCUNSTANCIAS

También solicitó un informe a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que consideró que sí concurren circunstancias excepcionales para mantener activa la cláusula de escape, como consecuencia de la crisis energética y la incertidumbre por la guerra de Ucrania.

En todo caso, la AIReF recuerda al Gobierno la obligación legal de realizar un plan de reequilibrio y recomienda al Ministerio de Hacienda que establezca una estrategia fiscal nacional a medio plazo que sirva de orientación fiscal y garantice «de forma realista y creíble» la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas.