El Gobierno destina 150 millones de euros en ayudas para la implantación de renovables térmicas

Amplía hasta 2023 el programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias hasta 2023

El Gobierno ha aprobado la concesión directa de ayudas para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, con un presupuesto inicial de 150 millones de euros, que podrá ampliarse en función de la demanda y el desarrollo de los proyectos.

El destino de los fondos serán las comunidades y ciudades autónomas, que deberán, a su vez, efectuar las correspondientes convocatorias para la concesión de ayudas, según ha informado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La finalidad de las subvenciones es fomentar el despliegue de fuentes de energía renovable térmicas en sectores productivos como el industrial, el agropecuario, el de servicios, pero también en establecimientos e infraestructuras del sector público, así como actuaciones que acometan empresas en modalidad de servicios energéticos en el sector residencial, de forma que contribuyan al proceso de descarbonización de la economía y, en el caso de las empresas, consoliden su competitividad en el mercado.

Las ayudas se ejecutarán a través de dos programas de incentivos: el primero, dirigido a sectores de la economía; y el segundo, al sector público, y permitirán la puesta en marcha de instalaciones de energía solar térmica, geotermia, energía ambiente (aerotermia e hidrotermia), biomasa o microrredes de calor y frío de menos de 1 MW de potencia.

Entre las actuaciones subvencionables se encuentran aplicaciones para la producción de frío y calor en edificios (agua caliente sanitaria y climatización) o en procesos industriales (limpieza, secado, baños térmicos para tratamiento de superficies, servicios de lavandería, lavado de vehículos, pasteurización y conservación de productos perecederos o climatización de naves de uso industrial, ganado e invernaderos).

Entre los costes subvencionables se incluyen, entre otros, la inversión en equipos y materiales, los costes de ejecución de las obras o los sistemas de control y monitorización tanto de la producción como de la demanda de energía térmica, así como obras civiles necesarias para la ejecución de los proyectos.

La ayuda otorgada cubrirá el 70% de estos costes en el sector público y hasta el 45% en el caso de pequeñas empresas, y en ambos ámbitos se incrementará en un 5% en zonas de reto demográfico: municipios de hasta 5.000 habitantes y municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes con núcleos de población de menos de 5.000 habitantes.

EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS

Por otra parte, el Consejo de Ministros también ha aprobado la ampliación, hasta el 31 de diciembre de 2023, del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias, cuyo plazo inicial terminaba a finales de este año.

Aprobado en marzo, el programa cuenta con 30 millones de euros para favorecer el ahorro energético y la competitividad del sector, así como medidas para incentivar las energías renovables y la reducción de las emisiones de CO2, contribuyendo al cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.

Las ayudas, financiadas con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y coordinadas por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), cubrirán hasta el 30% del coste necesario para la ejecución del proyecto.

El Gobierno defiende que esta ampliación garantizará que se ejecuten las actuaciones inicialmente previstas, en consonancia con las obligaciones de reducción de consumo de energía final establecidas por la normativa europea, así como la posibilidad de realizar otras acciones que contribuyan, al mismo tiempo, a la recuperación económica y social tras la pandemia.

Los destinatarios de estas ayudas son personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, titulares de una explotación agropecuaria; las Comunidades de Regantes y otras organizaciones dirigidas a la gestión de agua para el riego agropecuario o la gestión común de otras fuentes de energía para fines agropecuarios; los titulares de explotaciones agropecuarias de regadío que utilicen redes de riego que necesiten consumo de energía eléctrica; cualquier organización de productores agropecuarios reconocida, las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía y las empresas de servicios energéticos.