El Gobierno ha implementado 97 medidas de la Agenda del Cambio

Aumento del SMI, la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética y el Plan de choque por el Empleo Joven, entre las principales medidas

El Gobierno ha implementado hasta el pasado 30 de septiembre un total de 97 medidas de la denominada Agenda del Cambio, lanzada en febrero y que recoge la hoja de ruta de reformas estructurales del Ejecutivo en ámbitos como la formación y capital humano, la transición ecológica, el mercado laboral y la reducción de la desigualdad.

Así se desprende del primer informe de seguimiento de la Agenda del Cambio, publicado por el Ministerio de Economía y Empresa en funciones. Este documento incluye las medidas puestas en marcha hasta el 30 de septiembre, en respuesta a los compromisos de transparencia y rendición de cuentas establecidos en la propia agenda.

La labor de los ministerios, coordinada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, ha permitido que se hayan llevado a cabo 97 actuaciones en desarrollo de la agenda, contenidas en nueve reales decretos ley, cinco proyectos de ley (de los cuales uno fue aprobado por las Cortes, el resto decayeron con el fin de la legislatura), tres anteproyectos de ley examinados por el Consejo de Ministros, 11 reales decretos, 21 planes estratégicos, y otros instrumentos como acuerdos de Consejo de Ministros o la elaboración del Libro Blanco.

Entre los objetivos de la Agenda del Cambio figuran el equilibrio presupuestario y la reducción de la ratio de deuda pública sobreel PIB por debajo del 89% en 2022; el aumento de la productividad de los factores para elevar el potencial de crecimiento económico al 2% y la reducción de la tasa de desempleo estructural hasta la media europea.

El Ejecutivo se marca como meta que en 2025 al menos el 90% de los jóvenes cuenten con estudios de Bachillerato o de Formación Profesional, y al menos el 50% de los niños de cero a tres años sean atendidos en centros educativos. En 2030, busca que el 74% de la generación energética provenga de fuentes renovables.

Según el informe, los resultados de la economía española siguen siendo “positivos” tras el cierre del tercer trimestre del año, a medida que madura el ciclo y el crecimiento se va moderando convergiendo hacia el potencial, pero marca la necesidad de reformas y medidas ante el actual contexto de incertidumbre internacional.

Las actuaciones se han llevado a cabo en los seis ámbitos de trabajjo de la Agenda del Cambio: formación y capital humano, transición ecológica, avance científico y tecnológico, mercado laboral, reducción de la desigualdad y protección del estado del bienestar y administración más eficiente.

REDUCIR LA PRECARIEDAD Y COMBATIR EL FRAUDE LABORAL

En materia laboral se han implementado acciones para reducir la precariedad y luchar contra el fraude laboral como el Plan de choque para un empleo digno, con medidas de lucha contra el fraude que a 30 de septiembre había permitido reconvertir casi 174.000 contratos irregulares en indefinidos. A su vez, se ha aumentado el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros y se ha aprobado el Plan de Choque por el Empleo Joven.

Con el fin de reducir la pobreza infantil, la brecha de género y la despoblación se han puesto en marcha diferentes medidas, entre las que se incluyen el aumento de las prestaciones familiares por hijos a cargo, la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, la ampliación gradual del permiso de paternidad hasta las 16 semanas en 2021 y las directrices generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.

Para avanzar hacia una Administración más eficiente se ha creado la Autoridad Macroprudencial con el objetivo de emitir alertas y recomendaciones sobre aquellas cuestiones que puedan afectar a la estabilidad financiera, y se han reforzado las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como regulador del sector de la energía, en línea con la normativa europea.

Se ha profundizado también en el ejercicio de revisión del gasto público (spending review) por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para mejorar la eficacia en diversos ámbitos.

INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 5G

En materia de avance científico y tecnológico se han adoptado medidas para favorecer la investigación, reduciendo la temporalidad del empleo en los centros públicos de investigación y mejorando las condiciones de los jóvenes investigadores.

Igualmente, se han puesto en marcha diversas actuaciones para la extensión de la banda ancha, como el Programa de Escuelas Conectadas, el “Plan 800”, para que al menos el 90% de los ciudadanos de los municipios de menos de 5.000 habitantes tengan, a 1 de enero de 2020, conexión de banda ancha de 30 megabits (Mbps), o la convocatoria de ayudas para proyectos de extensión de redes de muy alta velocidad con cargo al Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación.

Asimismo, se ha impulsado el despliegue de tecnología 5G mediante el seguimiento de la hoja de ruta para la liberación y subasta del correspondiente espectro radioeléctrico y la convocatoria de ayudas para el desarrollo de proyectos piloto de aplicación de tecnología 5G.

TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Entre las medidas adoptadas en materia de formación y capital humano, en 2019 se han aprobado 45 cualificaciones profesionales, de las cuales siete son nuevas y 38 son transformación de cualificaciones que quedaron desactualizadas. Las actualizaciones se han realizado en múltiples áreas como informática y comunicaciones, química, industria extractiva, electricidad y electrónica o profesión agraria.

A su vez, se ha mejorado el acceso a la formación, con la ampliación en 40 millones de euros del presupuesto para becas tanto preuniversitarias como universitarias.

Para impulsar la transición ecológica, el Consejo de Ministros aprobó el Marco Estratégico de Energía y Clima, que comprende el Anteproyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética, que fija objetivos de reducción de emisiones, de penetración de energías renovables y de eficiencia energética para 2030 y para 2050; el borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, que establece una hoja de ruta para la próxima década, coherente con el objetivo de neutralidad de emisiones en 2050 y la Estrategia de Transición Justa.