El Gobierno insiste en que la regionalización de la banda de los 700Mhz no es «eficiente»

El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, ha asegurado que las bandas bajas por su baja cantidad de espectro y alto alcance no son «eficientes» para una regionalización, de ahí que se concedan a nivel nacional.

Sánchez ha sido interrogado en el consejo por representantes del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Esquerra Republicana (ERC) y del Grupo Plural sobre la negativa del Gobierno a regionalizar la banda de espectro que será subastada el próximo mes de julio.

Ante estas cuestiones, el secretario de Estado ha recordado que fue él mismo quién promovió la regionalización de la banda de 2,6 GHz en 2011 y que la decisión se ha tomado únicamente por cuestiones técnicas.

Sánchez ha rechazado la posibilidad de hacer estimaciones sobre cuánto recaudará el Gobierno con la subasta de la banda de 700 MHz, cuyo precio de salida en conjunto será de 995 millones de euros, ya que «la subasta tiene su propia dinámica».

En cuanto a la extensión de la banda ancha, ha asegurado que generalmente se hará mediante subvenciones y ha aventurado a que se formalizarán también consorcios y convenios.

Asimismo, ha asegurado que estas subvenciones requerirán velocidades mínimas de 300 MBs, pero ha reconocido que, en los lugares más recónditos, no se puede apostar por la fibra óptica porque «no tendría sentido».

En este caso, ha asegurado que se apostará por la «neutralidad tecnológica» con opciones como el satélite o el 5G, aunque también ha destacado que «queda un poco» para que tecnologías como las de nanosatélites estén plenamente operativas.

El secretario de Estado también ha asegurado que buscará establecer un marco de colaboración mayor con ayuntamientos y operadoras que permita «entenderse mejor» ante los problemas en algunas localidades con el cableado de fibra óptica.

En este campo, Sánchez ha recordado también que la nueva Ley General de Telecomunicaciones introducirá articulado para que los planes de ordenación urbana no puedan imponer «barreras artificiales» al despliegue de redes de conectividad.