La autonomía sigue sin incorporar la obligación de pagar a los subcontratistas
El pasado mes de noviembre los excavadores de Cantabria vivieron una de las jornadas más estimulantes en su larga lucha para frenar los abusos en la subcontratación. No solo habían logrado situar el problema en la agenda de los parlamentarios cántabros, sino que obtuvieron algo inhabitual en la Cámara: el consenso de todos los grupos para aprobar una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno regional a elaborar en el plazo de seis meses un informe sobre la viabilidad de incorporar en los contratos de obras públicas una cláusula que obligue al cumplimiento de los pagos a los subcontratistas.
Transcurrido largamente ese plazo, AEXCA, la asociación que engloba a los excavadores cántabros, no ha tenido ninguna noticia sobre ese informe, a pesar de que el presidente regional, Ignacio Diego, se comprometió a ello ante los presidentes de diferentes asociaciones de excavadores del país que se reunieron en Santander el pasado mes de marzo. Diego anunció que enviaría el borrador a AEXCA para que hiciese sus aportaciones y adelantó la existencia de discrepancias entre los asesores legales del Ejecutivo sobre la posibilidad legal de incluir esa cláusula en el ordenamiento autonómico. Pero a esa advertencia y a esa promesa le ha seguido el silencio del Ejecutivo.
AEXCA no se ha quedado inactiva y ha continuado reclamando a los representantes de todos los grupos parlamentarios el cumplimiento de lo acordado. Uno de ellos, el Regionalista lo ha vuelto a recordar en el Parlamento.
Un agravio comparativo
La decepción es aún mayor por cuanto recientes iniciativas legales sí recogen las mismas aspiraciones de los excavadores pero en otros ámbitos. Es el caso de la Ley de los Transportes Terrestres o del Proyecto de Ley de Emprendedores. En ambas se incluyen reformas que afectan a cuestiones claves en la subcontratación como la llamada “acción directa” o la exigencia del estricto cumplimiento de los pagos.
“Condición esencial”
Con la entrada en vigor, el 25 de julio, de la modificación de la Ley de los Transportes Terrestres, quien realiza de manera efectiva el servicio de transporte puede reclamar la factura, en caso de impago, a todos los intervinientes en el contrato de ese servicio que le preceden en la cadena de subcontratación, independientemente de que el cargador ya lo haya abonado.
En el caso del Proyecto de Ley de Emprendedores, se permite a la Administración la comprobación de los pagos a los subcontratistas, y las obligaciones que se imponen a los contratistas adjudicatarios. En este sentido, dice el proyecto que “estas obligaciones se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se contengan en los pliegos”.
“Coherencia”
AEXCA ha remitido a los grupos parlamentarios esta nueva legislación y también les ha enviado, en coordinación con asociaciones de su entorno, propuestas de enmiendas al proyecto de Ley de Emprendedores encaminadas a pulir algunos de sus aspectos. Una tarea en la que le han sido muy útiles las sugerencias del Grupo Parlamentario Regionalista.
“Parece –se afirma desde AEXCA– que todo va encaminado hacia algo que esta asociación empresarial viene reclamando desde hace veinte años, que el que trabaje cobre. Esperamos y deseamos realmente que Cantabria tome la iniciativa en este asunto y que, en coherencia con lo manifestado por los representantes de los diversos grupos parlamentarios, se solucione de una vez por todas una situación que es claramente impresentable”.
