El Gobierno se propone elevar la base máxima de cotización de manera gradual a lo largo de 30 años

El periodo de cálculo se adaptará progresivamente a las nuevas carreras laborales desde 2023 y el nuevo RETA se desplegará a mediados de 2022

El Gobierno se propone aprobar la elevación gradual de la base máxima de cotización, acompasada de una adaptación a la misma de la pensión máxima, antes de finalizar 2022, aunque su implementación abarcará las próximas tres décadas, según consta en el componente 30 del Plan de Recuperación, el referido a las reformas de pensiones, remitido por el Ejecutivo a Bruselas el pasado viernes.

Esta medida, especifica el documento, se discutirá en el marco del diálogo social, afectará a todos los trabajadores y pensionistas del sistema, y «no se prevén impedimentos relevantes» para sacarla adelante.

«La adaptación del sistema requiere de una adecuación gradual de las bases de cotización máxima que deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no alterar la naturaleza contributiva del sistema. Que la evolución de las bases máximas se acomode a una senda muy gradual y conocida de antemano permite además adaptarse a los agentes económicos adecuadamente», expone el Gobierno.

En general, las líneas de las distintas reformas previstas en materia de pensiones dentro del Plan de Recuperación son ya conocidas, pues las ha ido adelantando el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en distintas comparecencias.

El Gobierno explica en el Plan enviado a la Comisión que las distintas reformas contempladas en este componente 30 no implicarán costes e inversiones con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

En el documento se especifica el calendario de dichas reformas y se desgranan sus principales objetivos. Las más inmediatas, que se llevarán a cabo antes de finalizar este año, consisten en la revalorización de las pensiones con el IPC; el acercamiento de la edad efectiva de jubilación (actualmente en 64,6 años) a la edad legal, y la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social, descargando al sistema de gastos que le son impropios y trasladándolos al Estado. Esta última medida ya se ha empezado a aplicar en los Presupuestos Generales de 2021 y se seguirá desplegando hasta 2023.

Sobre la revalorización de las pensiones con el IPC, el Gobierno reconoce que conllevará un gasto importante para el sistema, que cifra en 2,5 puntos del PIB en 2050 para luego caer «de forma intensa», aunque lo considera «asumible» en el conjunto de las reformas planteadas, ya que se pondrán en marcha otras medidas de contención del gasto.

REFORMAS PARA SU APROBACIÓN ANTES DE FINALIZAR 2022

En cuanto al resto de las reformas planteadas por el Gobierno en el componente de pensiones, son varias las que se quieren aprobar antes de finalizar 2022, la mayoría con despliegues progresivos en el tiempo.

En primer lugar, la adaptación del periodo de cálculo de la pensión a las nuevas carreras laborales, que se pretende aplicar de manera progresiva a partir de 2023.

«Se plantea adecuar a la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora en las carreras más largas, junto con una revisión del procedimiento de integración de lagunas en la carrera profesional», explica el Gobierno.

En segundo lugar, también se pretende aprobar antes de finalizar el próximo año la sustitución del factor de sostenibilidad por otro mecanismo de solidaridad intergeneracional.

En concreto, se prevé introducir un nuevo instrumento en virtud del cual los parámetros fundamentales del sistema sean objeto de revisión periódica en el marco del Pacto de Toledo en función del equilibrio entre la población ocupada y la población pensionista y del nivel de gasto agregado.

Para el primer semestre de 2022 el Gobierno quiere tener listas otras dos reformas: el nuevo sistema de cotización de autónomos en función de ingresos reales, que empezará a desplegarse gradualmente a partir de la segunda mitad del próximo año, y el impulso a los planes de pensiones de empleo en el ámbito de la negociación colectiva, preferentemente sectorial.

El Ejecutivo argumenta que mientras los planes individuales crecen moderadamente, los planes de empleo permanecen estancados en el entorno de los 34.000 millones de euros desde 2014 y con una tendencia a la bajadel número de partícipes desde 2011.

Para impulsarlos, se plantea la creación de fondos de pensiones de empleo de promoción pública, gestionados por el sector privado, al que puedan adscribirse planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida para la jubilación; establecer mecanismos e incentivos para extender los planes de empleo a través de la negociación colectiva; simplificar los trámites en la adscripción y gestión de los planes de pensiones, y diseñar mecanismos que favorezcan la movilidad de los trabajadores entre las diferentes empresas y sectores.

Asimismo, y con este objetivo, el Gobierno quiere establecer un nuevo incentivo fiscal dirigido a impulsar este tipo de instrumentos colectivos, que beneficie especialmente el ahorro de las rentas medias y bajas e incorpore a los jóvenes de manera más eficaz, así como limitar los costes de gestión de los planes de empleo por debajo del 0,30% de los activos gestionados.