El Gobierno se reúne con los repartidores de butano para abordar la crisis de precios del sector

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha mantenido este viernes una reunión con Iago Castro, presidente de la Federación Española de Distribuidores de Gases Licuados de Petróleo (Fedglp), en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para acercar posturas con relación a la revisión del precio de venta máximo del GLP envasado, la conocida como bombona de butano.

Así, según ha detallado el departamento en un comunicado, en los últimos años se han dado situaciones que han ocasionado un «impacto económico relevante» en el sector energético, como la pandemia o la invasión de Ucrania, que han contribuido a modificar la estructura y las características del mercado y de la actividad de las empresas que operan en el ámbito del butano, con una afección directa sobre los costes de comercialización, lo que se traduce en una pérdida de rentabilidad.

Esto ha generado una salida progresiva de agencias de distribución, una descapitalización de las empresas presentes y una reducción de inversiones, lo que puede afectar al suministro y la calidad del servicio ofrecido a los consumidores finales, al incurrir las empresas en pérdidas y ponerse en riesgo su viabilidad financiera.

REFLEJAR LA REALIDAD DE LOS COSTES

En este sentido, la cartera liderada actualmente por Sara Aagesen lanzó una propuesta de Orden ministerial el pasado 5 de noviembre para actualizar los componentes de la fórmula de cálculo de los costes de comercialización repercutidos en la bombona, de forma que se refleje la realidad de los costes que están soportando actualmente estos actores, tanto operadoras y comercializadoras al por menor, como las agencias de distribución finales.

Así, el ministerio propone actualizar la fórmula, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), e incorporando elementos adicionales, como costes de personal, conservación, mantenimiento o arrendamientos.

También plantea otras medidas reclamadas por el sector y que «benefician a la distribución», como un aumento de 48 a 72 horas el plazo máximo de entrega de las botellas, que permitiría reducir costes en ámbitos rurales dispersos.

Por último, el departamento ha declarado que, con el objetivo de aprobar cuanto antes la nueva normativa, está trabajando con la asociación y con los operadores del sector para que la modificación normativa se traslade de forma «justa y equitativa a todos los eslabones de la cadena de comercialización de la bombona».