El Gobierno trabajará para sacar los PGE de 2025 pese al aviso de Junqueras, pero reconoce la complejidad

El Gobierno ha confirmado que seguirá trabajando para tener unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), del año 2025, pese a las advertencias del presidente de ERC, Oriol Junqueras, al PSOE de que si no cumple sus acuerdos no solo no tendrá unas cuentas públicas en 2025, sino tampoco en 2026.

No obstante, desde el Ejecutivo han reconocido que son «perfectamente conscientes» de que esto no depende solamente del Gobierno y de la «complejidad parlamentaria» actual.

«Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir dialogando con el resto de las fuerzas parlamentarias. Somos perfectamente conscientes que no depende solamente del gobierno de España y somos también muy conscientes de la complejidad parlamentaria», ha señalado la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Oriol Junqueras ha advertido este mismo martes al PSOE de que si no cumple los acuerdos alcanzados en las investiduras de Pedro Sánchez y Salvador Illa «no solo» no apoyarán los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025, sino que tampoco se sentarán a hablar para los de 2026.

Junqueras ha puesto como ejemplo el servicio de trenes de cercanías y media distancia en Cataluña, que ha calificado de «catastrófico». «Si ustedes viviesen en Cataluña, lo sabrían y serían conscientes de ello», ha afirmado, exigiendo al Ejecutivo medidas urgentes para mejorar la calidad del servicio ferroviario.

Además, ha hecho referencia al modelo de financiación autonómica, que ha recordado que está «caducado desde hace más de una década» por la falta de voluntad tanto del PSOE como al PP, y que en su opinión tiene un «impacto colosal» en las políticas sociales como la educación o la sanidad.

Por su parte, Junts también advertía la semana pasada de que no se sentará a negociar unas nuevas cuentas públicas si el Estado no paga unos 50.000 millones de euros en concepto de «deuda pendiente» con Cataluña en materia de infraestructuras, una condición que el Gobierno tacha de «imposible».

Así las cosas y pese a los avances y acuerdos alcanzados en los últimos meses con sus socios de investidura –por ejemplo en torno a la reforma fiscal–, el Ejecutivo aún no tendría amarrados los apoyos para sacar adelante las cuentas.