El Gobierno ultima una moratoria de cuotas para autónomos y pymes y una prestación a colectivos vulnerables

MADRID, 30

El Gobierno está estudiando el aplazamiento de los pagos de cotizaciones a la Seguridad Social para el colectivo de autónomos y una parte de las pymes, que podría ser de seis meses y ser aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, así como una prestación extraordinaria para colectivos vulnerables, como el de las empleadas del hogar, como parte del plan de choque para mitigar los impactos del Covid-19.

La moratoria de cotizaciones se estudiará en el Consejo de Ministros de este martes y podría aprobarse incluso con carácter de urgencia, según ha adelantado El País y han confirmado a Europa Press en fuentes gubernamentales, que apuntan que se están estudiando diversas medidas para mitigar el impacto del Covid-19.

El aplazamiento de cuotas, reclamado especialmente por las asociaciones de autónomos (ATA, UPTA y Uatae) y también por las organizaciones empresariales, ha obtenido el visto bueno del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

De esta forma es el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por José Luis Escrivá, el que se encargará de articular la posible medida y establecer las condiciones, requisitos y parámetros de la moratoria.

En paralelo, el Ejecutivo trabaja en un subsidio para las empleadas del hogar que hayan perdido su empleo o hayan quedado temporalmente en paro como consecuencia del coronavirus, que consistiría en una ayuda extraordinaria que duraría un mes y equivaldría al 70% de la base de cotización, algo que las asociaciones del colectivo ven «insuficiente».

La prestación también podría dirigirse a desempleados que hayan agotado el paro y personas que cuiden de dependientes, tal y como adelantó la semana pasada la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño.

Esta prestación extraordinaria podría ver la luz también en el Consejo de Ministros de este martes, en el que se aprobará un plan para el mercado del alquiler que prevé una línea de microcréditos avalados por el Estado, ayudas directas y la suspensión de desahucios durante seis meses una vez acabe el estado de alarma en determinados supuestos, con una movilización de recursos esperada de unos 700 millones de euros.

La medida que finalmente parece haberse caído del orden del día del Consejo de Ministros de mañana es el ingreso mínimo vital. Se trata de una iniciativa ya pactada en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, que se contemplaba como una prestación de la Seguridad Social, concebida, según el propio acuerdo, como un «aumento decidido» de la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables «en un primer momento», para después establecerlo como «mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o ingresos bajos».