Privatizaciones al estilo Rumasa
Hay ruedas de molino muy difíciles de tragar, como las declaraciones de Pedro Ferreras, presidente de la SEPI asegurando que Iberia ha sido un buen negocio para el Estado, poco después de rebajar un 40% el precio de colocación con respecto al mínimo de la horquilla prevista. Ferreras se siente al parecer muy satisfecho de que una empresa que tiene unos fondos propios de 193.000 millones se haya valorado en 180.000 y no recuerda que hace tres años, cuando según afirma ahora, Iberia estaba en quiebra técnica, tasaba su precio en 600.000 millones de pesetas y así lo creyeron grandes compañías nacionales y extranjeras que entraron en su accionariado.
Menos perdonable que la falta de memoria es delegar la responsabilidad del fracaso en el mercado: “Es el precio que ha puesto el mercado” y ya se sabe, que el mercado nunca se equivoca. Quien se equivoca es el que eligió el momento, a sabiendas de que era el más inoportuno. Era la quinta vez que la SEPI intentaba la privatización, lo cual es todo un récord de mala suerte o de mala estrategia, pero quien lo ha intentado cinco ya poco tiene que perder si lo deja para una sexta. El caso es que las condiciones eran ahora mucho peores que en cualquiera de los cuatro despegues abortados anteriormente y a pesar del ingente gasto publicitario, los inversores institucionales no quisieron saber nada de la operación y los particulares, poco.
El apresuramiento llevó a donde cabía esperar. La colocación debía hacerse a un precio ridículamente bajo y, ni siquiera en esas condiciones el valor ha tenido recorrido al alza, dado que al haber recibido los inversores muchas más acciones de las que en realidad deseaban comprar, su primer objetivo ha sido vender. Así que el ya bajo precio se hubiese hundido el primer día si el Banco Santander, uno de los colocadores de la emisión no hubiese evitado la catástrofe comprando casi todo lo que salía a la venta.
Para colmo, hemos sabido que habrá que indemnizar a los inversores extranjeros que habían entrado en núcleo duro, porque una cláusula secreta les otorgaba el derecho a ser recompensados si la colocación en Bolsa se hacía a un precio inferior al que ellos pagaron en su día. No cabe extrañarse, como hace el Sr. Rato, de que los inversores de referencia españoles hayan pedido el mismo trato, aunque fueron agraciados con una cláusula semejante. Otra cosa es que legalmente tengan el derecho a recibir la compensación. En cualquier caso, todos estos acontecimientos han contribuido a empeñar una privatización absolutamente desafortunada y en la que el Estado tiene muy pocas razones para sentirse satisfecho. Si realmente estaba dispuesto a entregar la compañía a precio de saldo, podía haberse deshecho de ella hace años y si ha criticado tan exarcerbadamente las privatizaciones a bajo precio de las empresas de Rumasa, en una coyuntura mucho peor (entre 1983 y 1985, en medio de una durísima crisis industrial), ahora no puede caer en el mismo error y, lo que es mucho más enervante, tratar de presentarlo como un éxito.
