Una vuelta de tuerca a la Autorización Ambiental
Las directivas europeas ambientales y las estrategias globales para la lucha contra el cambio climático se han convertido en los motores de una industria más verde. Aunque el esfuerzo inversor en adaptar las instalaciones fabriles a la estricta normativa europea de emisiones y vertidos ya se hizo años atrás, las empresas continúan obligadas a una puesta al día, lo que mantiene con vida a las consultoras y a las industrias auxiliares del sector medioambiental.
En su ayuda ha venido la directiva europea de 2010 sobre las emisiones industriales que va a suponer un reto tecnológico adicional para los sectores afectados por la normativa sobre Autorización Ambiental Integrada (IPPC). Las instalaciones sujetas a esa autorización, que en Cantabria son 59, deberán continuar implantando las mejores técnicas disponibles en el mercado para reducir aún más sus emisiones, y deberán hacerlo antes del 7 de enero del próximo año.
En la nueva directiva, que será traspuesta al derecho español este verano, se fijan límites más estrictos sobre ciertos contaminantes, como el SO2, el NOx y las partículas. La protección del suelo y aguas subterráneas cobra gran importancia, y se establecen nuevos instrumentos de control ambiental, como informes de situación inicial en materia de suelo e inspecciones.
Todas las instalaciones afectadas por la directiva deberán contar con un Plan de Inspección Medioambiental (PIM) que tendrán que actualizar regularmente. Estas inspecciones estarán prefijadas, exceptuando las situaciones en que medie una denuncia grave, y los informes serán expuestos al público cuatro meses después de realizada la inspección.
La directiva también amplía el número de actividades sujetas a la obligación de obtener una autorización ambiental integrada. Entre las incluidas están las de conservación de la madera que utilizan productos químicos, la captura de flujos de CO2 para almacenamiento geológico, la fabricación de tableros derivados de la madera y el tratamiento de aguas residuales.
Otra importante novedad es la modificación de los plazos para la renovación de las Autorizaciones Ambientales Integradas. Deja de ser un periodo fijo de ocho años para quedar vinculados a las modificaciones en los documentos de referencia sobre las mejores técnicas disponibles en cada sector.
Incentivos contra el cambio climático
En la lucha contra el cambio climático, el marco de incentivos, aunque escaso, también ayuda a impulsar proyectos que generan carga de trabajo para las consultoras ambientales. Así ocurre con los llamados Proyectos Clima, promovidos por la Secretaría de Estado de Cambio Climático. El objetivo es aminorar las emisiones de gases de efecto invernadero, incentivando económicamente la reducción de emisiones de CO2 en los sectores que se conocen en el sector como difusos (transporte, servicios, residencial…) que no están regulados por el comercio de derechos de emisión.
De las 37 solicitudes que fueron seleccionadas en España en la convocatoria del pasado año, una de ellas era cántabra. En concreto, un proyecto para el centro de recuperación y reciclaje de El Mazo. Tras finalizar su ciclo como vertedero, Mare ha puesto en marcha una iniciativa en esas instalaciones para valorizar restos de madera y residuos voluminosos con alto poder calorífico, triturándolos y vendiéndolos como combustible.
Además de ese aprovechamiento, la instalación permite reducir las emisiones de CO2 en unas 6.300 toneladas anuales. En esa convocatoria, la cantidad fijada como incentivo era de siete euros por tonelada de CO2 no emitida, con lo que la propuesta para El Mazo recibió algo más de 44.000 euros. Un incentivo que los proyectos seleccionados tienen derecho a percibir durante cuatro años.
El éxito de esta iniciativa llevó a la Oficina Española de Cambio Climático a realizar una nueva convocatoria para este año, esta vez con mayor presupuesto, ya que se ha pasado de los cuatro millones de euros del año pasado a los 10,12 millones.
La huella de carbono
Otra de las iniciativas en la lucha contra el cambio climático es la implantación del sistema nacional de huella de carbono. Se trata de cuantificar las emisiones de gases con efecto invernadero, medidas en emisiones de CO2 equivalente que son liberadas a la atmósfera en nuestras actividades cotidianas.
El análisis abarca todas las fases del ciclo de vida de un producto, desde la adquisición de las materias primas hasta su gestión como residuo. De esta forma, los consumidores pueden decidir qué alimentos comprar en base a la contaminación generada por cada uno de ellos en los procesos por los que ha pasado.
El objetivo final del proyecto es estimular a las empresas a que calculen su huella de carbono y establezcan planes para su reducción o compensación, así como promover sistemas de eficiencia energética. Para conseguirlo, incentivará la realización de proyectos de absorción de carbono en territorio nacional y permitirá la compensación de emisiones utilizando las absorciones de carbono logradas en España.
