El iceberg de las enfermedades profesionales

La España de hace un cuarto de siglo difícilmente hubiese podido aspirar a estar presente en reuniones del restringido club de grandes potencias económicas como en la que ha logrado estar recientemente Zapatero. En 1984 ni siquiera se había producido aún el ingreso de nuestro país en la Unión Europea, que tanto ha contribuido a la radical transformación de la sociedad española. Sin embargo, entre realidades tan distintas como esas dos Españas, un dato resiste tercamente al paso del tiempo: el de los índices de accidentes de trabajo. No solamente no se han reducido sino que, a pesar de los cambios materiales y legislativos que se han producido en todos estos años, las cifras de siniestralidad han aumentado. Y no puede achacarse al crecimiento de la población laboral, ya que la comparación se mide en términos de incidencia por cada cien mil trabajadores. Si en 1984 este índice de accidentes con baja era de alrededor de 5.300, en 2006 han sido 5.760 los accidentados con baja médica por cada cien mil trabajadores. Una media que en Cantabria fue algo inferior, al situarse en 5.664. Un magro consuelo.
La perplejidad es aún mayor cuando se observa que, lejos de disminuir, tras la entrada en vigor de la Ley de Prevención, en 1995, las cifras se dispararon, con un pico histórico de siniestralidad en el año 2000.
Esta terca realidad arroja serias dudas tanto sobre la efectividad de las medidas puestas en marcha como sobre la sensibilización de empresas y trabajadores hacia las políticas de prevención. En el único campo en que se ha registrado algún avance es en el número de accidentes mortales, donde, afortunadamente, de los 12 fallecidos por cada cien mil trabajadores que se producían en España en 1984, se ha pasado a cinco en 2007.
Pero el resultado es desolador si se contempla otra vertiente de la siniestralidad laboral, las enfermedades profesionales.
Una realidad camuflada

En Cantabria hace años que no se declaran enfermedades profesionales graves o mortales. Es como si esa realidad, tan dolorosa para las personas afectadas, no existiera oficialmente. Paradójicamente, en fecha tan cercana como el pasado 1 de septiembre, en nuestra comunidad se pagaban 137 pensiones de viudedad a consecuencia de enfermedades profesionales y 117 por incapacidades permanentes que, no es muy aventurado suponer que, en bastantes casos, derivasen de una patología laboral. No es que la Seguridad Social, a la que le corresponde tanto la calificación de una enfermedad como de origen profesional como el pago de las prestaciones que de ahí se derivan, se haya vuelto esquizofrénica. Han sido los tribunales de justicia los que han amparado el derecho de las personas afectadas a recibir sus pensiones por estas causas. Pero lo que pone de manifiesto esta evidente contradicción (no hay enfermedades profesionales, pero sí secuelas) es el largo camino que queda por recorrer en el reconocimiento de estas enfermedades.
Para afrontar el problema, la Consejería de Sanidad ha elaborado un Plan de Salud Laboral en el que, siguiendo las pautas marcadas por una comunidad pionera en este campo, la navarra, busca dotarse de más recursos y coordinar las medidas que permitan avanzar en la detección de patologías laborales para su prevención.
Una simple comparación entre las cifras de Cantabria y Navarra en siniestralidad laboral nos indica la magnitud del problema. Para una población asegurada con un tamaño equivalente (230.330 trabajadores en el caso navarro y 184.303 en el cántabro), el índice de incidencia de accidentes de trabajo guarda también bastante paralelismo (5.567 accidentes por cada cien mil trabajadores en Navarra y 5.641 en Cantabria, entre julio de 2006 y junio de 2007). Pero esta equivalencia se rompe de manera drástica cuando observamos el apartado de las enfermedades profesionales. Mientras que en la comunidad foral se detectaron en ese periodo 1.979 patologías laborales, en Cantabria fueron tan solo 340 las enfermedades declaradas como originadas en el trabajo. En términos de incidencia, esto significa que en Navarra estas patologías afectaron a 880 trabajadores por cada cien mil y en Cantabria sólo a 189. Un desajuste tan evidente con una comunidad que nos lleva una gran ventaja en la aplicación de políticas de prevención invita a sospechar que la estadística oficial de nuestra región está muy alejada de la realidad. Una simple proyección a partir de los datos navarros elevaría a 1.620 el número de personas afectadas por enfermedades profesionales en Cantabria, es decir, cinco veces más que los declaradas.

Formar a médicos del trabajo

Buena parte del problema reside en la dificultad del médico de atención primaria para distinguir si la patología que presenta el enfermo es común o tiene su origen en el trabajo. Es decir, si debe ser atendido por el Servicio Cántabro de Salud o si son las mutuas las que deben hacerse cargo. Para ayudarle en esta evaluación, el Plan elaborado por la Consejería de Sanidad va dirigido a potenciar la impartición de cursos sobre patologías laborales a los médicos de atención primaria y, al mismo tiempo, a formar especialistas en medicina del trabajo que les servirán de apoyo cuando lo precisen.
Estas acciones se vienen ejecutando a través de la Unidad de Educación Docente de Medicina del Trabajo creada por la Consejería en colaboración con Mutua Montañesa, la Seguridad Social, la Universidad de Cantabria y el servicio de prevención Prevemon. Desde hace un año, se están formando tres especialistas en medicina laboral que, como los residentes de otras especialidades, completarán su capacitación dentro de tres años. Para entonces, Cantabria contará con la primera promoción de médicos específicamente formados en la detección de patologías laborales, algo que parece imprescindible para que las políticas de prevención sean realmente efectivas a la hora de evitar las enfermedades profesionales.