La expropiación de Hormaechea nos costará 30 millones de euros

Tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo, al Gobierno cántabro le quedan pocas escapatorias para evitar consignar la multimillonaria cantidad con que tendrá que indemnizar a los accionistas de Astilleros del Atlántico por la expropiación del solar que ocupa el parking del Palacio de Festivales, realizada en 1991.
La decisión judicial ratifica, en lo sustancial, los criterios mantenidos por los representantes legales de la empresa en cuanto al aprovechamiento urbanístico que cabía otorgarle, que el Gobierno regional siempre intentó desvalorizar con el argumento de que se trataba de una zona verde. Aunque el Supremo no da por buena la generosa valoración que hizo previamente el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y ordena una nueva tasación, la cantidad resultante, con intereses incluidos, puede superar los 30 millones de euros (5.000 millones de pesetas). Será el último paso de una herencia envenenada que se han ido trasladando de uno a otro todos los consejeros de la Presidencia que desde 1991 han pasado por el Gobierno.

Nuevos criterios de valoración

El Tribunal Supremo, en cualquier caso, ha sido algo más benévolo que el TSJC al establecer los criterios de valoración que deberán aplicar los peritos para deducir el valor exacto del solar. En lugar de darle el mismo valor de los colindantes –el más elevado de todo Santander–, ha decidido que se calcule según el promedio del polígono fiscal, en lenguaje catastral, que abarca el eje que va desde Numancia hasta el Palacio de Festivales.
Sentado, pues, que el solar tiene un aprovechamiento urbanístico –contra lo que pretendían las defensas del Gobierno–, el único conflicto puede situarse ahora en la fijación de cuál es la edificabilidad media de esa extensa zona del centro de Santander. Un cálculo que va a requerir un prolijo procedimiento, manzana por manzana, al final del cual tanto los litigantes como los peritos judiciales elevarán al TSJC sus respectivas valoraciones para que éste decida cuál es la aplicable.
Si con el criterio que, en su día, dio por válido el Tribunal cántabro la edificabilidad por la que correspondía indemnizar a los propietarios se elevaba hasta los 6m2/m2, fuentes cercanas a Astilleros del Atlántico entienden que la nueva media no bajará de 4 m2/m2 y, aunque eso rebajará la cuantía a pagar por el Gobierno que fue fijada entonces, continuará suponiendo una suma multimillonaria.

Una salida negociada

Dentro de un año, el tiempo que tardará previsiblemente el TSJC en fijar la nueva cifra, el Gobierno cántabro deberá hacer frente a un dilema: o afronta el pago de esa cantidad –para lo cual tendrá serios problemas presupuestarios– o facilita el aprovechamiento lucrativo de ese solar a los actuales tenedores de las acciones de Astilleros del Atlántico.
El actual planeamiento urbano de Santander no permite en esa parcela la construcción de viviendas, pero sí de edificios dotacionales (un centro comercial y de ocio, un teatro, cines, un hotel, una residencia geriátrica, un aparcamiento de pago, etc.) todos ellos susceptibles de generar importantes plusvalías.
Sin embargo, aquí se da la paradoja de que los usos que admite el Plan General de Santander se ven frenados por la ley regional que Hormaechea hizo aprobar para expropiar esa parcela. Mientras esté vigente, los únicos fines a los que se puede destinar ese solar son los de jardín o aparcamiento y cualquier otro destino debería ser autorizado por otra ley ad hoc del Parlamento.
Para salir de este laberinto jurídico cabe también la posibilidad de una permuta por un aprovechamiento urbanístico equivalente en otro lugar, pero lo que sería fácil para el Ayuntamiento de Santander, que cuenta con terrenos en otras zonas de la ciudad, no lo es tanto para el Gobierno regional, que no dispone de suelo.
En cualquier caso, las posibilidades de negociación se ven muy limitadas por el hecho de que más de la mitad de la indemnización que logre Astilleros del Atlántico irá a parar a organismos públicos, como el Fondo de Garantía Salarial, la Seguridad Social, o el Ministerio de Hacienda, acreedores de la empresa desde su quiebra en 1988. El margen de maniobra de esas instituciones para pactar una ‘solución imaginativa’, que minimice el daño para el Gobierno cántabro, es muy reducido.
De hecho, los representantes de Astilleros del Atlántico han ofrecido en reiteradas ocasiones a los anteriores Gobiernos regionales, la posibilidad de alcanzar acuerdos para no llegar a la vía judicial, que hubieran sido mucho menos gravosos que la indemnización a la que ahora habrá de hacerse frente.
El resultado final, será un lucrativo negocio para el puñado de accionistas que a lo largo de estos años se han ido haciendo con el control de unos títulos, los de Astilleros del Atlántico que parecían no valer nada, y han mantenido vivo un pleito que les va a rendir extraordinarios beneficios. También debiera haberlo sido para los antiguos trabajadores del astillero, a los que se pagó en acciones parte de los salarios adeudados, pero en muchos casos se han desprendido de ellas o han visto como se diluían sus participaciones tras varias ampliaciones de capital para sufragar el pleito.
En la actualidad, la mayor parte de las acciones está en manos del economista Juan Ignacio Echevarría y del entorno del fallecido abogado Marino Fernández-Fontecha, que siempre llevó los intereses del grupo de empresas del que formaba parte Astilleros del Atlántico y que dirigió el litigio mientras vivió.