El PP exige al Gobierno elaborar con las autonomías un nuevo mapa concesional de transporte en autobús

El PP ha exigido al Gobierno elaborar, en conjunto con las comunidades autónomas, un nuevo mapa concesional estatal de los servicios de transporte público interurbano regular de viajeros por carretera.

A través de una proposición no de ley registrada para su debate en la Comisión de Transportes del Congreso, el Grupo Popular recuerda que en 2022 el Ministerio de Transportes envió a las autonomías un borrador de un nuevo mapa concesional para estos servicios, donde se suprimían 9.305 paradas de autobús en 1.417 municipios.

Los criterios del mapa estatal planteados en 2022 eran los de contar con servicios de transporte directos, conexiones con grandes nodos de población y grandes flujos entre capitales de provincia y grandes poblaciones, lo que, a juicio del PP, no atiende a las necesidades de toda la población del territorio nacional, y «choca de lleno» con la realidad de territorios de la España rural con amplia dispersión.

«El Gobierno de España pretende que las comunidades autónomas asuman los servicios que suprime el Estado, y que se incluyan en los mapas autónomicos», critica el PP en su iniciativa, recogida por Europa Press.

QUE SE RETIRE LA PROPUESTA DEL GOBIERNO

En este contexto, la formación de Alberto Núñez Feijóo insta al Ejecutivo a retirar el borrador del nuevo mapa concesional de los servicios de transporte público interurbano regular de viajeros por carretera realizado en mayo de 2022 y elaborar una nueva propuesta.

Además de pedir que esta nueva propuesta se elabore con las comunidades autónomas, el PP pide que en el caso de que quisiera transferir tráficos a las autonomías, se acuerde previamente con cada una de ellas la modificación del nuevo mapa concesional, reformulando su planteamiento, teniendo en cuenta las particularidades y la realidad de los distintos territorios.

Por último, el Grupo Popular exige un marco «estable y permanente» de financiación para las comunidades autónomas que garantice a estas cubrir el coste de los servicios de transporte público interurbano regular de viajeros por carretera que dejen de prestar a la Administración General del Estado según acuerdo previo entre las partes.