El sector de la seguridad advierte del recorte en los servicios de vigilancia tras el estado de alarma

El sector de la seguridad privada española ha advertido del riesgo que supone el recorte en los servicios de seguridad y vigilancia que algunas empresas están realizando tras la finalización del estado de alarma, que choca contra las medidas para garantizar la seguridad y salud de las personas.

Así lo ha transmitido el Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada, compuesto por las organizaciones sindicales mayoritarias de UGT, CC.OO. y USO, así como por la patronal Aproser, todas firmantes del convenio colectivo sectorial nacional.

El sector pone, a modo de ejemplo, el actual contrato de servicios de seguridad y vigilancia de instalaciones e infraestructuras de todo el Estado del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), adjudicado en noviembre de 2018 con una vigencia de 36 meses.

Desde el día 1 de junio, Adif ha efectuado «unilateralmente» un primer recorte de varios millones de euros sobre el importe de adjudicación inicial, lo que supone una reducción en el número de vigilantes de seguridad, que en alguna de las instalaciones ha afectado al 50% de la plantilla asignada y a una media de entre el 20% y el 25% de la plantilla total.

Desde el Observatorio Sectorial advierten de que será «difícilmente asumible y poco eficaz» el control del cumplimiento de los protocolos sanitarios del Covid-19 según llegue la nueva normalidad y aumente el número de usuarios en el transporte público, tras el recorte en gastos y personal de seguridad efectuado por el administrador ferroviario.

Asimismo, cree que se debería garantizar la seguridad y la vigilancia de las instalaciones incluso en los horarios en que permanezcan cerradas al público.

Además, el sector muestra su preocupación por los «cientos de puestos trabajo que están en juego y la incertidumbre generada por este recorte económico» en las empresas prestadoras del servicio, con un presupuesto comprometido y las inversiones ya realizadas para asegurar el servicio.

«Este tipo de decisiones vuelve a poner en duda el modelo de contratación pública y genera muchas dudas entre las compañías del sector a la hora de presentarse a este tipo de licitaciones, en este caso ante el riesgo de recortes durante la propia ejecución de los contratos», concluye el Observatorio.