El sector del alquiler defiende reforzar la seguridad jurídica para aumentar las viviendas en arrendamiento

La Agencia Negociadora del Alquiler ha abogado por reforzar la seguridad jurídica de los arrendadores de vivienda en caso de impagos de los inquilinos, así como acercarse a ellos con normativas «menos férreas» que les transmitan «la suficiente confianza para mantenerse en el mercado y sacar viviendas al alquiler».

La organización ha recogido estas peticiones en un comunicado como respuesta a las propuestas de los principales partidos políticos en materia de vivienda, con las que se pretenden solucionar problemas como la escasez de oferta de viviendas en arrendamiento.

Desde la agencia, se ha mencionado que «en ninguna de las propuestas» está la de reforzar la seguridad jurídica en caso de incumplimiento de los inquilinos que llevan a procedimientos de desalojo que pueden superar los dos años de duración.

El CEO de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, ha indicado que es el principal motivo que hace que los arrendadores no alquilen las viviendas y las lleven a la venta o a otro tipo de alquileres menos intervenidos.

En esa línea, ha incidido en la solución no es intervenir más como se pretende con los alquileres turísticos, de temporada y de habitaciones, que es «donde más se ha desplazado la oferta debido al excesivo intervencionismo al que se ha sometido a los alquileres de larga estancia».

Según la agencia, además de tener que construirse más viviendas destinadas al alquiler asequible y de alquiler social y de agilizarse los procedimientos de desarrollo del suelo, hay que legislar para incentivar a los grandes creadores de oferta, que son los arrendadores particulares, con normas estables en el tiempo y no cambiantes, y con procedimientos de resolución de conflictos mucho más rápidos que los actuales. Así, ha asegurado que mientras esto no se consiga, «la oferta irá en descenso y los precios de los alquileres se seguirán manteniendo altos».

Para la Agencia Negociadora del Alquiler, «todo lo que sea» control de precios, actualización de rentas por debajo del IPC, zonas tensionadas o prórrogas indefinidas son medidas que «asustan a los arrendadores y les ahuyentan del mercado», pero «probablemente» esas mismas medidas, en caso de contar con una mayor seguridad jurídica y procedimientos más rápidos de recuperación de sus viviendas en caso de incumplimientos de los inquilinos, sí serían aceptadas.

Por otra parte, la organización ha destacado que «no debe olvidarse» que, en muchos casos, las viviendas «ya están construidas», por lo que «solo queda acercarse», con medidas legislativas a los titulares de esas viviendas para que «las pongan en el mercado y se sientan verdaderamente protegidos».

No obstante, ha denunciado que las propuestas «no entran de lleno en la protección que quieren los arrendadores de viviendas», y ha manifestado que con la última prórroga del Real Decreto 11/2020, por el que se ha vuelto a prorrogar la suspensión de los desahucios y lanzamientos de inquilinos vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2025, se vuelve a hacer partícipes a los arrendadores particulares de «un problema que no es de ellos, sino del Estado, por no tener suficientes viviendas públicas para atender a los colectivos más vulnerables y desfavorecidos» de la sociedad.