Urbanismo a paso de tortuga
A pesar de que la construcción se ha convertido en su principal fuente de ingresos, los ayuntamientos cántabros son extraordinariamente perezosos a la hora de poner al día sus planeamientos urbanísticos. Casi cuatro años después de la aprobación de la Ley del Suelo, y cuando faltan pocos meses para que se agote el plazo dado en la propia ley, tan sólo dos de los 102 ayuntamientos de Cantabria –Potes y Santillana del Mar– han culminado ese proceso.
No cabía esperar mejor suerte en la adaptación a la Ley de Protección del Litoral (POL). Después de la larga paralización de licencias que se produjo en los ayuntamientos costeros durante su doble tramitación, parecía que todos los municipios afectados correrían para ajustar su planeamiento a la nueva ley. Pero transcurridos nueve meses desde su entrada en vigor, tan sólo once de los 37 ayuntamientos a los que se extiende la regulación contenida en el POL han iniciado esa adaptación: Bareyo, Castro Urdiales, Colindres, Ribamontán al Mar, Torrelavega, Marina de Cudeyo, San Vicente de la Barquera, Val de San Vicente, Villaescusa, Santander y Argoños.
El resultado es que, a pesar de que Cantabria se ha dotado en estos últimos años de dos leyes básicas para regular el desarrollo urbanístico de la región, los beneficios que pueden deparar siguen sin notarse: “La Ley del Suelo y el POL se hicieron para garantizar la seguridad jurídica en el sector –señala el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria, Fidel González Cuevas– pero al no haberse producido esa adecuación, el efecto que se buscaba no se ha conseguido y los promotores continúan teniendo los mismos riesgos de inseguridad que se pretendían evitar”.
Esta demora resulta mucho más relevante de lo que pudiera parecer, dado que es en los ayuntamientos costeros donde se concentran los mayores intereses inmobiliarios de la región. Como reconoce González Cuevas, “esta ralentización condiciona mucho la actividad de las promotoras. Si el POL no está aprobado no pueden desarrollar el suelo urbanizable y no digamos el rústico; sólo queda el suelo urbano, pero es prácticamente inexistente”.
Ayudas para los municipios
La evidencia de que muchos ayuntamientos de Cantabria, sobre todo los de pequeño tamaño, tendrían dificultades económicas para abordar por sí solos la adaptación de sus planes, llevó al Gobierno regional a plantearse subvencionar parte de los gastos, un año después de aprobar la Ley del Suelo.
Con este fin se aprobó un decreto habilitando ayudas por valor de 3,5 millones de euros para el periodo 2002-2005. La subvención variaba en función de la población de cada municipio. Fluctuaba entre el 70% del coste de la redacción del plan para los ayuntamientos de menos de 1.500 habitantes y el 20% para los que superan los 10.000 vecinos censados.
La propia ley del Suelo preveía también que en el caso de los municipios más pequeños, el propio Gobierno podría asumir la redacción íntegra del plan. Así ha ocurrido con Herrerías, donde la Dirección General de Urbanismo correrá con todos los gastos.
A pesar de estas facilidades, hasta el momento, sólo 39 ayuntamientos han solicitado las subvenciones.
Que sólo el 38% de las Corporaciones haya pedido las ayudas indica que, o bien la salud financiera de los municipios cántabros no es tan precaria como se dice o –lo que es más probable– que su dejación en una materia tan sensible como la urbanística es aún mayor de lo que se sospechaba. En cualquier caso, una actitud sorprendente si se tiene en cuenta que muchos de ellos han convertido el urbanismo en su principal fuente de riqueza y esta fuente de ingresos tan generosa deja de manar cuando no se pueden dar licencias por no tener el planeamiento al día.
