Una quiebra anunciada
La quiebra de la sección financiera de la Cooperativa de Monte no es una anécdota. Casi cinco mil millones de pesetas de depósitos están en entredicho y eso es mucho dinero, sobre todo cuando el problema está concentrado en un pueblo y entre familias de economías modestas. Lo más desconcertante es que la cantidad podía haber sido mucho mayor porque, a la vista de lo que ahora sabemos, no hay ningún tipo de control sobre este tipo de actividades. Ni el Banco de España, ni la Consejería de Economía, ni la de Industria ni la de Ganadería se sienten responsables de lo que ocurre porque nadie cree tener competencias sobre esta actividad, al margen de la meramente registral.
Como no estamos hablando de un chiringuito financiero sino de un establecimiento de los que llamamos “de toda la vida”, semejante vacío de responsabilidad no deja de escandalizar en un país tan proclive a llenar de reglamentaciones los boletines oficiales y donde está regulado hasta lo que no debiera. Hay demasiados que exigen tutelar las cajas de ahorros pero, a lo que se ve, muy pocos interesados en saber qué hacen estas entidades agrarias que, por modestas que sean, tienen una trascendencia que con esta crisis vamos a ver.
Este no es el negocio de Doña Branca, aquella anciana portuguesa de negros sayones que llevaba las cuentas en una libreta de hule desde su casa. Es una actividad que opera con toda legitimidad y a la luz del día. Y en una región donde tenemos los precedentes de Pepe el del Popular, de Intra o de la Caja Rural debiéramos estar más atentos, al menos para ser conscientes de que este tipo de instituciones, por mucha utilidad social que hayan tenido en el pasado, se han convertido en un peligro en potencia porque, al día de hoy, con unos tipos de interés muy bajos, es poco menos que imposible rentabilizar su actividad como prestamistas. Si lo consiguen los bancos y las cajas es porque el volumen de su operativa les permite ser mucho más eficientes en costes y porque tienen otras fuentes de ingresos, como las comisiones o los mercados financieros.
Bancos y cajas juegan con la ley de los grandes números, aquella que permite establecer los riesgos en función de parámetros puramente estadísticos, porque hacen centenares de miles de operaciones. En cambio, por muy profesionales que intenten ser las cooperativas agrarias en la concesión de créditos, no tienen volumen de negocio suficiente para diluir los efectos de un impagado importante. Así que, cuando ocurre, sólo cabe esperar su ruina.
La continuidad en el tiempo de estas cooperativas de crédito tiene algo de milagroso, probablemente relacionado con el hecho de que la gente del campo siempre ha sido muy buena pagadora. Pero ya no hay bastantes campesinos y ganaderos para colocar el dinero de los depósitos. Las cooperativas tienen que desplazar sus inversiones hacia otros sectores y asumir más riesgos de los que asumieron nunca, con unos márgenes más pequeños de los que tuvieron jamás. La unión de ambos factores da resultados como el de la cooperativa de Monte, un agujero que cuando no es demasiado importante trata de ocultarse y cuando ya es inocultable, no tiene solución.
No hacen falta dotes de augur para aventurar que esto podía pasar. Lo que resultaba imposible de imaginar es que una entidad financiera opere sin control ni supervisión de ninguna institución pública y sin el respaldo de un fondo que dé una mínima cobertura a los depositantes. Una situación que es imprescindible corregir de inmediato o forzar la integración de todas estas cooperativas en entidades de más solvencia. Se hizo con centenares de aseguradoras, con decenas de mutuas y con no pocas cajas. Al parecer, nadie se acordó de estas secciones de crédito agrarias que deben ser la única actividad humana sobre la que nadie tiene competencias.
