EL GOBIERNO PROMETE LICITAR 300 MILLONES
Reunión con AEXCA y AETRAC
Revilla se compromete a licitar 300 millones antes de acabar el año
Tal y como avanzó en su intervención en la Asamblea de AEXCA, el pasado mes de marzo, el presidente regional Miguel Angel Revilla ha reafirmado la intención del Ejecutivo cántabro de licitar obra pública por un valor cercano a los 300 millones de euros antes de que finalice el año. Revilla ha explicado estos planes en una reunión con los presidentes de las Asociaciones de Excavadores (AEXCA) y del Transporte (AETRAC), Antonio García Rivero y Miguel Ángel Vía, respectivamente, en la que participaron también los secretarios generales de ambas organizaciones, Gerardo Pontón y Juan Antonio Lantarón.
El objetivo que persigue el Ejecutivo cántabro es aumentar la competitividad de la Comunidad Autónoma con la mejora de las infraestructuras y, al mismo tiempo, favorecer la actividad en el sector de la construcción en el actual momento de crisis. De hecho, la mayoría de estos trabajos podrían ser ejecutados directamente por empresas de la región, al tratarse de licitaciones de cuantías que quizá no despierten el interés de los grandes grupos constructores, aunque dada la parálisis del sector puede que no desdeñen ninguna obra pequeña.
La mayoría de las obras previstas tienen que ver con la mejora de carreteras, pero también habrá construcción de polideportivos, colegios y centros de salud y puertos deportivos –como el de Castro Urdiales, cuyo concurso ha quedado desierto, y será realizado por la empresa pública Gesvican–. Además, incluye varias obras hidráulicas, como el proyecto de saneamiento de la cuenca media del Pisueña, en el que la Consejería va a invertir 11 millones de euros y que estará concluido en el año 2012.
Preocupación por las obras de Fomento
En el encuentro con Revilla, los representantes de ambas asociaciones mostraron su preocupación por la posible incidencia de las medidas de reducción del déficit público en las obras que el Ministerio de Fomento tiene en marcha en la región, especialmente en el tramo Solares-Torrelavega, de la Autovía del Cantábrico; en la carretera de Los Tornos y en el vial Potes-Puerto de San Glorio. El presidente cántabro resaltó la importancia que todos esos proyectos tienen para la región y aseguró a los representantes de las empresas que su Gobierno hará “todo lo posible” para evitar que eso suceda.
Tanto Antonio García como Miguel Ángel Vía agradecieron la confianza transmitida por el presidente en un momento complicado para el sector, en el que la escasez de obras está afectando notablemente a su actividad. Pero sus palabras no han disipado del todo la incertidumbre sobre cómo se verán afectadas las obras que Fomento está ejecutando en Cantabria, por el plan de recortes en la obra pública anunciado por el ministro José Blanco.
En las obras que dependen del Gobierno cántabro, asoma otro temor, el de que se trate de inversiones a dos o tres años vista y no con el carácter inmediato que precisan la excavación y el transporte asociado a la obra pública. Tampoco quedó claro qué porcentaje de esos 300 millones de euros anunciados saldría de los presupuestos de la comunidad y cuánto se obtendría, en la situación actual, por la vía de la financiación estructurada, es decir, convertir determinados proyectos de obra pública en productos financieramente atractivos para la inversión privada.
Los temores de AETRAC y AEXCA
El árbol del AVE no nos deja ver el bosque de otras obras más necesarias
Incertidumbre y temor por la suerte que puedan correr la obras que el Ministerio de Fomento ejecuta en este momento en Cantabria. Esas dos sensaciones son las que predominan en el ánimo de los presidentes de AEXCA, Antonio García Rivero y de AETRAC, Miguel Angel Vía, dos de las asociaciones que más directamente se están viendo afectadas por la paralización del sector inmobiliario y cuyo única esperanza de reactivación está en la obra pública.
Ni la entrevista con el presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, ni con el delegado del Gobierno, Agustín Ibáñez, han conseguido aliviar la preocupación por el anuncio de los recortes que el Ministerio de Fomento se dispone a hacer en obra pública y cuyo alcance real se conocerá el próximo 20 de julio. Ese día, el ministro de Fomento, José Blanco, revelará en el Congreso qué obras son las afectadas y en qué grado, y ambos presidentes comparten la sospecha de que buena parte de las que se están ejecutando en Cantabria resultarán afectadas. En concreto, temen una posible paralización de las obras del Puerto de Los Tornos, que acaban de comenzar, o la ya licitada entre Potes y San Glorio, y que se ralenticen aún más otras, como las que se llevan a cabo en el tramo de la Autovía del Cantábrico entre Solares y Zurita. La única en la que confían que se mantengan los plazos previstos es la Ronda de la Bahía, que podría estar concluida en el verano de 2011.
En opinión de ambos presidentes, si se producen las paralizaciones que temen, sería la puntilla para un sector cuya actividad se ha reducido a menos de la mitad de la que venía desarrollando antes de la irrupción de la crisis. Sobre todo, porque se trata de obras ya licitadas y en ejecución que, con mantenerlas vivas bastarían para aliviar la situación de emergencia en que se encuentran muchas empresas. Una realidad que los políticos parecen no querer ver, al polemizar sobre un proyecto a largo plazo, el del AVE, en vez de presionar al Ministerio de Fomento para que no decaiga el esfuerzo inversor en esas obras. Una presión que sólo será efectiva antes del 20 de julio, dado que para esa fecha los recortes ya serán irreversibles.
AETRAC y AEXCA piden a Fomento que respete los plazos de las obras
Transportistas y excavadores han trasladado al delegado del Gobierno en Cantabria, Agustín Ibáñez, y al director del Área de Fomento, Benjamín Piña, su preocupación por la demora que desde hace meses sufre la ejecución de las grandes obras que la Administración central está haciendo en Cantabria.
A ambos colectivos les preocupa, en concreto, el ritmo de trabajo e inversión en la Ronda de la Bahía, en la que faltan dos tramos por construir; la Autovía entre Solares y Torrelavega, la carretera entre Potes y León o la mejora del Puerto de los Tornos.
Los presidentes de AEXCA, Antonio García Rivero, y de AETRAC, Miguel Angel Vía, le manifestaron al Delegado del Gobierno su preocupación por las gravísimas consecuencias que, para sus empresas y para la economía de la región, tendría el que las obras proyectadas no se ejecutasen en los plazos previstos. Tanto la Ronda de la Bahía como los dos tramos de la Autovía del Cantábrico entre Solares y Torrelavega debían acabarse a finales de 2011.
El delegado y el responsable del área de Fomento, manifestaron a los representantes de ambas asociaciones la voluntad del Gobierno de ejecutar las obras en los plazos previstos y les trasladaron un mensaje tranquilizador –hasta donde podían llegar– en las circunstancias actuales.
La hora de la cohesión
La Asamblea de la Federación Nacional de Empresas Subcontratistas y Transportistas de la Construcción celebrada el pasado mes de mayo en Madrid ha sido el foro en el que también se han hecho oir las quejas de los excavadores. A esa asamblea asistieron la práctica totalidad de las asociaciones que representan a los empresarios de excavación de España, incluida AEXCA.
El encuentro giró en torno a la gravísima situación en la que se encuentra el sector en todo el país por la falta de trabajo, de liquidez –por el alargamiento en los plazos de pago– y el empeoramiento, en general, de las condiciones de trabajo.
Ante esta situación, el sentir general de los afiliados e invitados era el de la necesidad de cohesión, en unos momentos en los que una buena parte del sector ha desaparecido y quienes subsisten lo hacen a duras penas.
Nuevo programa formativo de AEXCA
43 personas han seguido los cursos de la Asociación
El programa formativo impulsado por AEXCA ha cerrado una etapa en la que 43 personas han seguido cursos de Dirección Empresarial, Prevención, Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Operadores de Aparatos Elevadores y Operadores de Dúmper de Obra, con un total de 724 horas lectivas impartidas, tanto on line como presenciales.
La financiación de esos cursos ha corrido a cargo de la Consejería de Empleo y Bienestar Social del Gobierno de Cantabria y del Fondo Social Europeo.
Nuevos Cursos
AEXCA ha solicitado la ejecución de un nuevo programa formativo con cursos para personal del área administrativa, de seguridad, de dirección o de fiscalidad, para los que confía en contar con la misma acogida que el plan finalizado, y está pendiente de desarrollar los cursos para la obtención de la tarjeta profesional de la construcción.
Otro objetivo en el que se trabaja es la organización de cursos de Autocad aplicado a la creación de planos topográficos, con el fin de que los interesados puedan desarrollar los conocimientos adquiridos en cursos anteriores, como el de Auxiliar de Topografía.
Una reforma legal acabará con la morosidad empresarial
Los pactos privados de pago serán ilegales y los plazos se medirán desde la prestación del servicio
Las constructoras que operan en Cantabria tardan en pagar sus facturas una media de 174 días. Pueden parecer muchos, pero no son demasiados si se comparan con los 199 de Castilla y León o los 200 de Madrid y Andalucía. Aunque la ley estipulaba 60 días, nada impedía hasta ahora que las empresas pactasen con sus acreedores los plazos, unos pactos que suelen ser un trágala, porque los subcontratistas no están en disposición de negarse. El Congreso ha tratado de enderezar esta situación, aunque la reforma llega en el peor momento posible para las constructoras, que trataron de pararla sin éxito.
En el sector de la construcción no es extraño que se paguen facturas con 270 días de demora. Esa costumbre convierte a los acreedores –por lo general subcontratistas– en auténticos banqueros de las constructoras, que utilizan estas demoras para financiarse. Ese dinero que no desembolsan les permite tener abiertas varias obras a la vez con los mismos recursos y aumentar sensiblemente los rendimientos.
La decisión del Gobierno de regular de nuevo esta situación no fue bien acogida por las grandes constructoras, pero sí por las muchas empresas que se mueven a su alrededor, ya que prohíbe los pactos entre las partes para demorar el pago más de los 60 días legales, lo que se ha convertido en un auténtico fraude de ley.
Con la reforma de la ley de lucha contra la morosidad de 2004, las empresas ya no podrán demorar impunemente los pagos por encima de los 60 días establecidos, si bien habrá un calendario transitorio de adaptación. Tampoco el sector público podrá seguir financiándose a costa de abonar tarde las facturas a sus contratistas. El plazo máximo será de 30 días, pero ese objetivo no se alcanzará hasta 2013, a través de una adaptación progresiva.
Después de un trámite parlamentario complejo, que ha tenido en cuenta las condiciones de partida y las circunstancias que vive el sector, el resultado práctico es que en 2011 las empresas ya no podrán pagar a sus proveedores con más de 85 días de retraso; en 2012 con más de 75 y a partir de 2013 –y con carácter definitivo– con más de 60 días.
En la obra pública se va a dar un margen más flexible (hasta 120 días), para evitar que los contratistas se vean obligados a pagar antes de que la Administración les pague a ellos. En cualquier caso, será bastante menos tiempo de lo que ahora tardan en pagar (193 días como media y 293 en el caso de las mayores constructoras, casi el doble de lo que el sector público está tardando en pagarles a ellas).
El recorte real será aún mayor, porque el plazo se computará desde la entrega de los bienes o la prestación del servicio y no desde la fecha de emisión de la factura, como hasta ahora.
Mal momento para las constructoras
Las grandes compañías de obras públicas han anunciado que les resultará muy difícil acortar el plazo de los pagos en la actual coyuntura, aunque no tendrán más remedio que hacerlo. El momento, obviamente no es el mejor: las contrataciones previstas de obra pública se van a rebajar en nada menos que 6.400 millones de euros y Fomento ha descartado, finalmente, acudir en rescate de las autopistas en quiebra.
Los empresarios afectados trataron de conseguir algún paliativo durante la tramitación de esta reforma legal, como la introducción del confirming, la posibilidad de que subcontratistas y proveedores cobrasen antes, pero a cambio de pagar un interés por el descuento financiero de facturas. Los grupos parlamentarios no lo aceptaron por la sensible merma que se produciría en la cantidad a percibir por el acreedor. En estos momentos, el interés que se cobra al proveedor es de aproximadamente un 5,75%, porcentaje que a veces se reparten los pagadores con el banco, al que habría que sumarle las comisiones (entre el 0,25 y el 0,5%). A esto habría que añadir que muchas compañías exigen a sus proveedores un descuento adicional del 3%.
También los hiper y supermercados
Tampoco se van a salvar de agilizar los pagos los hipermercados y supermercados, aunque estos como resultado de otra reforma. Son los pagadores más reticentes de todo el sector privado, junto con la construcción, pero van a poder seguir simplificando sus trámites de pago y agrupar las facturas durante quince días por la enorme cantidad de proveedores que tienen y la elevada rotación de muchos alimentos. No obstante, en ningún caso podrán demorar su pago más de 60 días de media y en el caso de los alimentos perecederos, de 30.
España tenía hasta ahora los plazos de pago más largos de toda la Unión Europea, a excepción de Grecia, y la reforma de la Ley de lucha contra la morosidad llega dispuesta a acabar con este estado de cosas, al poner fin a los pactos entre las partes, en los que el proveedor casi siempre estaba a merced de los grandes clientes.
El cambio legal va a tener una gran trascendencia para la liquidez empresarial de pymes y autónomos, pero supondrá un duro golpe tanto para las constructoras como para la distribución comercial cuyos márgenes se han aquilatado extraordinariamente desde el comienzo de la crisis y que aún se verán más estrechados como consecuencia de la subida del IVA, ya que las principales cadenas han anunciado su disposición a asumir el aumento fiscal sin repercutirlo en los precios.
Barloword-Finanzauto celebra su 80 aniversario
Desde la irrupción de Finanzauto en el mercado de la automoción, en 1930, su actividad ha estado ligada no solo a la comercialización de vehículos de turismo sino también de maquinaria agrícola e industrial. Pero el auténtico hito en la historia de esta forma se produjo en 1963, cuando el primer fabricante mundial de equipos para movimiento de tierras, Caterpillar, ofreció la distribución de sus productos en España a esta compañía, que ya se había expandido a lo largo de toda la Península, forjando una sólida red de distribución y de servicio postventa.
Desde entonces, sus equipos están presentes en sectores vitales de la economía española. Sus máquinas son utilizadas en la construcción de infraestructuras básicas, como la red de carreteras y autopistas, las redes hidráulicas, puertos, etc.
1992 es otra de las fechas claves en la historia de Finanzauto al pasar a formar parte del holding multinacional Barlow, propiedad de J. Bibby & Sons PLC, uno de los líderes mundiales en distribución de maquinaria industrial.
Hoy en día, la compañía, con el nombre de Barloworld Finanzauto, engloba varias divisiones de negocio, como Máquinas de Obras Públicas, Minería y Construcción y Sistemas Energéticos, en la que incluye motores industriales, marinos y grupos electrógenos. Además, a través de las empresas asociadas ofrece servicios como el alquiler de equipos y maquinaria) o la tecnología de guiado de maquinaria de obra pública.
Dentro de la gama de Caterpillar se encuentran las grandes máquinas de obras públicas y minería; otras de menor tamaño, dedicadas a la construcción, y las que tienen aplicación en el mercado agrícola y ganadero. La empresa cuenta también con un centro de formación propio, en sus instalaciones de Arganda del Rey (Madrid), para instruir tanto a sus empleados como a sus clientes en el manejo de los equipos Caterpillar.