ERC exige que AEAT cumpla su obligación de elevar plantilla y tener técnicos superiores para atajar el fraude

Esquerra Republicana (ERC) ha registrado una iniciativa en el Congreso exigiendo al Gobierno que cumpla la obligación legal incluida en la última ley contra el fraude de elevar la plantilla de la Agencia Tributaria y situarla en el entorno de la media europea, y pidiendo también la creación de un cuerpo superior de técnicos para centrar esfuerzos en los casos de fraude más abultados.

En una proposición no de ley a la que ha tenido acceso Europa Press, ERC recuerda que esa ley emplazaba al Gobierno a fijar en el plazo de seis meses una hoja de ruta para elevar la ratio de personal en la Agencia respecto al total de contribuyentes.

Concretamente, el Gobierno debía presentar en seis meses «la normativa necesaria para que en un período de ocho años la ratio de personal de las administraciones tributarias en relación con el número de obligados tributarios se aproxime a la media europea». Ese plazo concluyó el pasado mes de enero.

A LA COLA DE LA MEDIA EUROPEA

Esquerra señala que España ocupa el penúltimo puesto en el ranking europeo en número de empleados entre la Administración tributaria en relación a su población total y activa, con 632 y 706 personas más por cada trabajador de Hacienda, respecto a la media comunitaria y de la zona Euro, respectivamente. A esto se suma que la plantilla de la AEAT es una de las más envejecidas, con sólo un 20% del cuerpo con menos de 45 años.

Según los cálculos de Gestha, sindicato de técnicos de Hacienda, harían falta entre 15.00 y 17.000 nuevos efectivos para reducir a la mitad el tamaño de la economía sumergida y recaudar a medio plazo unos 34.500 millones de euros adicionales cada año.

MÁS COMPETENCIAS A TÉCNICOS PARA LUCHAR CONTRA EL GRAN FRAUDE

Por otro lado, ERC defiende una reestructuración de competencias en el cuerpo, concretamente en el de sus técnicos, para el que propone un cuerpo superior con el que aumentar las competencias de sus funcionarios grupo A y concentrarlo en la investigación tributaria de delitos fiscales y fraudes más abultados.

Actualmente, los límites competenciales impiden a los técnicos investigar personas o empresas con volumen anual más allá de los 4 millones en actuaciones de alcance general o 5,7 millones de alcance parcial, algo que restringe sus investigaciones a particulares, autónomos y al tramo inferior de las pymes.

Algo que, a su juicio, «perjudica gravemente la lucha contra el fraude y la evasión fiscal», instando por tanto al Ejecutivo a crear en el plazo de tres meses un cuerpo superior de técnicos en el que concentrar la investigación de delitos fiscales y fraudes más elevados.