Escrivá no tocará la jubilación parcial en la reforma de pensiones pero sí la forzosa y la anticipada

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este viernes que, aunque se está discutiendo en el marco del diálogo social, la jubilación parcial podría ser un tema que finalmente no se aborde en la reforma de pensiones.

En cambio, sí se harán cambios en lo que respecta a la jubilación forzoza y la jubilación anticipada, según ha explicado el ministro en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

Escrivá ha señalado que las negociaciones del diálogo social requieren de «mucho trabajo fino» y ha indicado que Gobierno, sindicatos y empresarios ya trabajan en la mesa de pensiones con un borrador muy detallado sobre el primer paquete de reformas en el sistema, cuyo elemento central es el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones mediante una fórmula ligada al IPC. En todo caso, ha apelado a la discreción sobre las negociaciones que se están manteniendo.

En lo que respecta a la jubilación forzosa, el ministro, que ha subrayado que esta fórmula no existe en ningún país europeo, ha argumentado que en España se da la peculiaridad de que, a través de los convenios colectivos, se pueda restringir el derecho de las personas a jubilarse cuando quieren, algo que el Gobierno se ha propuesto modificar porque, al contrario de lo que se dice, esta fórmula no impulsa el empleo juvenil. «Yo espero que lleguemos a un acuerdo sobre esto, estamos parametrizando cómo hacerlo», ha añadido.

Sobre la jubilación anticipada, Escrivá ha reiterado que la intención del Gobierno es establecer el mismo marco de penalización para todas las pensiones, pues actualmente los coeficientes reductores que se aplican sobre la pensión por jubilarse dos años antes de la edad legal suponen un recorte del 16% para una pensión media y de sólo el 4% para la pensión máxima. «Es una anomalía a corregir, un elemento regresivo», ha denunciado el ministro.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo quiere conseguir un acuerdo con los agentes sociales para demorar la jubilación a través de incentivos positivos, superiores a los actuales. Según ha destacado, lograr que un número significativo de personas retrase su jubilación unos meses tiene efectos muy positivos para el sistema de pensiones.