España llevará el lunes a Bruselas su preocupación por recortes en las cuotas de anchoa en el golfo de Cádiz

España llevará el lunes a Bruselas su preocupación por los recortes en las cuotas de anchoa que ha planteado la Comisión Europea en aguas atlánticas ibéricas para 2024 y 2025, una medida que puede afectar a la pesca en el golfo de Cádiz y que el Gobierno considera «drástica e injustificada», ya que «no se ajusta a la base científica actual» para realizar las mediciones.

Así, a petición de la delegación española, los ministros de Pesca de la UE debatirán en su reunión del próximo lunes, 23 de septiembre, la propuesta de la Comisión para actualizar las posibilidades de pesca para 2024 y 2025 para determinadas poblaciones de peces, con el fin de tener en cuenta los últimos dictámenes científicos poniendo el foco en el elemento central de la propuesta: el límite de capturas de anchoa en aguas ibéricas atlánticas.

En concreto, la Comisión propone establecer una condición especial en virtud de la cual las capturas en la parte de la zona del TAC situada al sur de la línea que discurre en aguas atlánticas del suroeste de la Península Ibérica «no podrán superar las 969 toneladas», en base al dictamen del Consejo Internacional de Exploración del Mar (CIEM o ICES, por sus siglas en ingles) para la población que habita en esa zona. Además, se propone que ese TAC y esa condición especial se apliquen con carácter retroactivo a partir del 1 de julio de 2024.

Lo que critica España es que el dictamen divida en dos componentes diferentes la población de anchoa, cuando la base científica actualmente disponible señala que solo hay un stock en esas aguas, y se valga de ello para alegar que la zona sur se encuentra en peor estado para proponer medidas concretas.

La propuesta plantea tal reducción de cuotas que, de aprobarse, provocará un cierre de la pesquería «prácticamente inmediato» en el golfo de Cádiz y hará que la flota tenga que estar amarrada en puerto hasta junio de 2025, según han advertido fuentes diplomáticas.

En este sentido, lamentan que tampoco se hayan tenido en cuenta las consecuencias socioeconómicas y sociales de esa decisión y alegan una «falta de base legal suficiente», razón por la que la delegación española ha decidido incluir en el debate al resto de Estados miembro.

De forma paralela, también los eurodiputados de la comisión de Pesca del Parlamento Europeo han agendado un debate sobre esta problemática para su reunión del lunes.