España presenta este martes a Bruselas su plan de ajuste fiscal a medio plazo

Banco de España y AIReF calculan que España tendrá que realizar un ajuste de entre 6.000 y 9.000 millones anuales para cumplir con la UE

España presenta este martes, 15 de octubre, a la Comisión Europea el plan de equilibrio fiscal a medio plazo para cumplir con las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea, en línea con su compromiso con Bruselas.

Aunque el contenido de dicho plan aún es una incógnita y desde el Ejecutivo se han avanzado pocos detalles del mismo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló en su última comparecencia en el Congreso de los Diputados que este documento incluirá compromisos de responsabilidad de gasto y nuevas inversiones para el futuro cercano que garantizarán que no habrá recortes.

Eso sí, el jefe del Ejecutivo recordó que España tiene hoy cuatro puntos menos que la media europea de presión fiscal, al tiempo que ensalzó que el país «está haciendo los deberes en la sostenibilidad de las cuentas públicas».

UNA TRAYECTORIA DE AJUSTE ESPECÍFICA SOBRE LA SENDA DE GASTO

A la espera de conocer la letra pequeña tras la reunión del Consejo de Ministros de este martes, la trayectoria de ajuste fiscal que exige Bruselas es específica por país, teniendo en cuenta los distintos niveles de deuda pública y sus retos económicos.

El entorno macroeconómico de España está ahora marcado por la reciente revisión al alza del crecimiento económico de España en 2021 (2,7%), 2022 (6,2%) y 2023 (6,7%) por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que apunta a una mejora de las ratios de deuda del país, aunque aún se mantiene en cotas elevadas –por encima del 100%–.

Además, hay que tener en cuenta que la Comisión Europea ya tomó la decisión de no abrir el procedimiento de déficit excesivo a España en 2023 (el déficit superó el 3%), que se activa cuando un Estado miembro incumple las normas europeas en materia déficit y deuda y que supone el primer paso para un expediente sancionador.

Pero esto no exime a los distintos Estados miembro de la UE de presentar sus planes de equilibrio fiscal, que se formulan por defecto en términos de objetivos plurianuales de cuatro años.

No obstante, los Estados miembro podrán solicitar una extensión del período de ajuste fiscal de cuatro años a un máximo de siete años, si llevan a cabo ciertas reformas e inversiones que mejoren la resiliencia y el potencial de crecimiento y apoyen la sostenibilidad fiscal y aborden las prioridades comunes de la UE.

Estos incluyen lograr una transición justa, ecológica y digital, garantizar la seguridad energética, fortalecer la resiliencia social y económica y, cuando sea necesario, desarrollar capacidades de defensa.

La trayectoria debe garantizar que, al final del período de ajuste, la deuda pública se halle en una senda descendente plausible, o se mantenga en niveles prudentes por debajo del 60% del PIB a medio plazo, y que los déficits no superen el umbral del 3% del PIB y también mantengan ese comportamiento a medio plazo.

Se debe tener en cuenta, además, que aunque el objetivo fundamental es colocar la deuda en una senda descendente, los compromisos ya no se fijan en términos de déficit estructural, sino en términos de crecimiento del gasto primario neto.

Según explican desde el Banco de España, este indicador se calcula deduciendo del gasto público los gastos en concepto de intereses, las medidas discrecionales relativas a los ingresos, el gasto nacional en programas financiados (total o parcialmente) por la UE y los elementos cíclicos del gasto en prestaciones por desempleo, así como otras medidas puntuales y de carácter temporal. En cada Estado miembro se creará una cuenta de control que contabilice la desviación anual del gasto neto con respecto al comprometido.

RETRASO DE LA PRESENTACIÓN DEL PLAN PRESUPUESTARIO

La reactivación de las reglas fiscales comunitarias –al 60% del PIB para la deuda y el 3% para el déficit– supone para España una dificultad añadida para la negociación de los Presupuestos para 2025, en los que ya trabaja también el Gobierno, pese a no contar aún con los apoyos necesarios para su aprobación.

Por ello, desde el Ejecutivo español cuentan con un retraso en la presentación de su plan presupuestario a la Comisión Europea después del 15 de octubre, cuando sí entregará su plan fiscal estructural a medio plazo.

En todo caso, la Comisión Europea ha advertido a España de que existen «límites» a la flexibilidad en los plazos que tienen los gobiernos para presentar su borrador presupuestario para 2025, que debe complementar a los planes fiscales estructurales a medio plazo para cumplir con las nuevas reglas fiscales reactivadas tras cuatro años de pandemia.

EVALUACIÓN DEL PLAN POR PARTE DE LA CE EN UN PLAZO DE SEIS SEMANAS

Como paso previo a la presentación del plan de ajuste, España ha mantenido a lo largo de estos últimos meses un diálogo técnico con la Comisión Europea sobre la senda de gasto neto plurianual. Como punto de partida, Bruselas comunicó ya una trayectoria de referencia para aquellos países con una deuda pública superior al 60% del PIB, como España, o un déficit público que sobrepase el 3% del PIB.

Una vez negociada esa senda entre Gobierno y CE y recibidos los borradores de los planes de ajuste fiscal, el Ejecutivo comunitario los examinará y publicará su evaluación en un plazo de seis semanas a partir de la recepción y con el 30 de noviembre como fecha límite.

AJUSTE DE ENTRE 6.000 Y 9.000 MILLONES ANUALES, SEGÚN AIREF Y BDE

Organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o el Banco de España han realizado sus propios cálculos sobre el ajuste que tendrá que realizar España a lo largo de los próximos años para cumplir con las nuevas reglas fiscales europeas.

Precisamente estos dos organismos también han lamentado públicamente que el Gobierno no haya hecho pública la trayectoria de referencia remitida por la Comisión Europea a España hace unos meses, de cara a la elaboración del plan de ajuste.

En cualquier caso, la AIReF ha calculado que España tendrá que realizar un ajuste de algo más de cuatro décimas de PIB en los próximos siete años –unos 6.000 millones al año–, y eso implica que el gasto no podrá crecer más del 3%.

Si en lugar de plantear un plan de ajuste a siete años, el Gobierno decide elaborarlo en base a un periodo de cuatro años, esto supondría un ajuste anual mayor, del 0,63% –unos 9.000 millones–, según los cálculos de la AIReF.

Por su parte, las estimaciones del Banco de España apuntan a que, para cumplir con las nuevas reglas fiscales europeas, sería necesario implementar un ajuste presupuestario de en torno a 0,5 puntos porcentuales del PIB al año –durante siete años–, aunque este programa acarrearía un menor grado de dinamismo de la actividad que el contemplado actualmente.