España presiona en Bruselas para revertir los recortes en la cuota de anchoa en el golfo de Cádiz

España ha presionado este lunes a la Comisión Europea en sendos debates en el Consejo y la comisión de Pesca del Parlamento Europeo para que revise o abandone su propuesta de recortar las cuotas de anchoa en aguas atlánticas ibéricas para 2024 y 2025, una medida que puede suponer el cierre de la pesquería para 75 buques en el golfo de Cádiz.

En concreto, la Comisión propone establecer una condición especial en virtud de la cual las capturas en la parte de la zona del TAC situada al sur de la línea que discurre en aguas atlánticas del suroeste de la Península Ibérica «no podrán superar las 969 toneladas», en base al dictamen del Consejo Internacional de Exploración del Mar (CIEM o ICES, por sus siglas en ingles) para la población que habita en esa zona. Además, se propone que ese TAC y esa condición especial se apliquen con carácter retroactivo a partir del 1 de julio de 2024.

Frente a este planteamiento, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha criticado que el Ejecutivo comunitario haya planteado una reducción de las cuotas de anchoa en aguas atlánticas ibéricas del 54% sin tener en cuenta las consecuencias socioeconómicas de esta medida, por lo que ha pedido que se revise una propuesta que España no puede aceptar en las presentes condiciones o, de lo contrario, que la retire.

La preocupación expresada por el ministro en la reunión de ministros de Pesca de la UE que se celebraba este lunes en Bruselas ha obtenido el respaldo de un grupo de 13 países –Bélgica, Chipre, Croacia, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Malta Países Bajos y Portugal– que ha instado al Ejecutivo comunitario a tener en cuenta las consecuencias socioeconómicas de este tipo de decisiones, ya que puede sentar un «peligroso precedente».

De forma paralela, también los eurodiputados españoles de la comisión de Pesca de la Eurocámara han reprobado a la Comisión esta propuesta y le han trasladado su preocupación por las consecuencias que puede suponer para la flota gaditana.

Al respecto, el eurodiputado del PP Francisco Millán Mon ha advertido de que esta limitación tendría un «impacto enorme» en la región del golfo de Cádiz, «muy dependiente de la pesca del boquerón» y confía en que, de cara al futuro, la Comisión tenga en cuenta los tres aspectos de la sostenibilidad pesquera: el medioambiental, el económico y el social, una tesis que ha defendido también su compañera de partido y presidenta de la comisión parlamentaria de Pesca, Carmen Crespo.

También el eurodiputado socialista Nicolás González Casares ha pedido al Ejecutivo comunitario que «tenga de verdad en cuenta los aspectos sociales y económicos de la medida, retire esta propuesta y presente una nueva», ya que su medida «tendría un grave impacto para la flota de Andalucía y conduciría de facto al cierre de la pesquería».

Asimismo, ha insistido en que «la flota de cerco del Golfo de Cádiz afectada por la propuesta está compuesta por 75 buques», y «sus únicas especies objetivo son la anchoa y la sardina, que está sometida a una veda de tres meses», por lo que la anchoa, que supone aproximadamente el 75% de las capturas de la flota es la especie más importante para su sustento.

En la misma línea, la eurodiputada del BNG Ana Miranda, ha reclamado a la Comisión no solo un reparto de TAC y cuotas «más acorde a los tres pilares de la Política Pesquera Común», sino distribuciones «más justas» también entre los Estados miembro.

Por su lado, la Comisión ha reconocido que se trata de «una decisión difícil», pero pese a ello, debe hacer una propuesta que tenga en cuenta el rendimiento máximo sostenible al tiempo que ha defendido que el CIEM les ha presentado «datos de confianza» y una recomendación «muy preocupante» que la institución se ve obligada a atender.

«Tenemos que tomar una decisión responsable de cara al futuro. Hemos hecho una propuesta muy concreta basándonos en recomendaciones muy sólidas. Tenemos que ver la viabilidad de las actividades y ser muy precavidos también para recuperar las poblaciones», ha señalado el director general de asuntos de Pesca de la Comisión Europea, Fabrizio Donatella.

De igual modo, ha defendido que el Ejecutivo comunitario «no puede hacer propuestas que no son jurídicamente sólidas». «Somos plenamente conscientes de que va a tener un impacto importante, pero no hay otra opción que la de seguir ese asesoramiento científico», ha incidido.