España tiene hasta 2023 para ejecutar casi el 70% del presupuesto europeo asignado en el marco anterior

El consejero español en el Tribunal de Cuentas europeo advierte de que este esfuerzo coincidirá con la llegada de fondos anticrisis

España tendrá tres años para ejecutar casi el 70%, más de dos terceras partes, del presupuesto europeo asignado en el marco financiero plurianual 2014-2020, al quedarse en un 32% lo absorbido hasta el momento frente al 40% de media en el conjunto de la Unión Europea (UE).

Así lo ha señalado el consejero español en el Tribunal de Cuentas, Baudillo Tomé, en su comparecencia este martes en el Congreso de los Diputados ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para la Unión Europea.

Durante la misma, Tomé ha destacado que la absorción de estos fondos ha caído a nivel comunitario –46% en el anterior período 2007-2014–, con la diferencia de que entonces España se situaba por encima de la media, hasta un 51%, y ahora en el 32%, con un 68% de los fondos aún por ejecutar.

«No quiere decir que esos fondos se vayan a perder», ha matizado Tomé, reivindicando, a renglón seguido, que España «históricamente ha demostrado una capacidad notable» para ejecutar los fondos que, pese a corresponder a un marco ya pasado (2014-2020) hay tres años para «seguir liquidando y pagando proyectos».

Eso sí, ha señalado cómo esta absorción coincidirá con la llegada de los fondos acordados para afrontar la crisis provocada por la pandemia de Covid-19. «Nos estamos yendo a años en los que los países van a tener que gestionar y terminar de ejecutar proyectos y poner en marcha el Next Generation Europe «, ha dicho.

Y es que en los próximos años al más de un billón de euros que deberán gestionarse y controlar en los Estados miembro correspondientes al nuevo marco financiero plurianual 2021-2027 han de sumarse los 750.000 millones de fondos comprometidos para combatir la crisis provocada por la pandemia de Covid-19.

Asimismo, ha incidido en la importancia de que los proyectos de estos fondos se ejecuten «de forma rápida» pero que estas «flexibilidad y rapidez no deben ir en detrimento de la transparencia y la rendición de cuentas».

GASTOS CUESTIONADOS EN EL PRESUPUESTO 2019

En su comparecencia, el que fuera diputado del PP durante tres legislaturas en el Congreso ha presentado a la Cámara Baja los resultados de su último informe sobre las cuentas de la Unión Europea, correspondiente al ejercicio 2019.

La fiscalización de este Tribunal dio el visto bueno a la parte de ingresos pero fue disconforme en el lado de los gastos, al sobrepasar el umbral de error material establecido en el 2% (2,7% en este presupuesto), con una tasa de alto riesgo superior al 50%.

El representante español del Tribunal de Cuentas europeo ha explicado que un factor que influye en esta tasa de error es el tipo de procedimiento para el reembolso del dinero, considerando gasto de alto riesgo el que se ejecuta mediante reembolso de gasto real incurrido.

Este sistema, que en 2019 registró una tasa de error material del 4,9%, se utiliza para la financiación de proyectos de investigación, de desarrollo regional y rural y la ayuda exterior de cooperación al desarrollo.

Según ha explicado, el riesgo es «mucho menor» cuando se trata de abonar derechos o a beneficiarios que cumplen determinados requisitos ya establecidos, caso de las ayudas directas a agricultores y ganaderos, las becas a estudiantes o el pago de salarios o pensiones al personal comunitario, con una tasa de error inferior al umbral del 2%.

FISCALIZACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS PASAJEROS

Por otro lado, respecto a la estrategia prevista para el Tribunal de Cuentas Europeo hasta 2025, esta irá dirigida a una mejora de la rendición de cuentas, una mayor transparencia en las labores de auditoría y los controles ante «lagunas detectadas» en determinadas instituciones.

Tomé ha mencionado concretamente al Banco Europeo de Inversiones y el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), no sujeto este a la supervisión del Tribunal de Cuentas Europeo.

Por otro lado, ha mencionado también los informes especiales previstos, entre los que ha citado uno acerca de la respuesta realizada ante la pandemia por los servicios sanitarios, el proceso de adquisición de vacunas, la libre circulación de pasajeros durante la crisis o uno específico sobre los derechos de los trabajadores durante la crisis.