España y Bélgica colaborarán en materia sociolaboral en sus respectivas Presidencias del Consejo de la UE

España y Bélgica se han comprometido a intensificar su colaboración en material sociolaboral ante sus respectivas presidencias del Consejo de la Unión Europea al tiempo que han firmado un documento oficioso con propuestas como la introducción de un Protocolo de Progreso Social o una nueva Carta de Derechos Laborales de las Personas Trabajadoras.

Estos acuerdos, que se han forjado en Oporto, han estado liderados por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, junto con sus homólogos belgas de Trabajo y Asuntos Sociales, Pierre-Yves Dermagne y Frank Vandenbroucke y marcarán la agenda en materia sociolaboral de la próxima Comisión y el próximo Parlamento Europeo, que se elegirán en 2024.

La colaboración entre ambos países se ha materializado este sábado con la firma de una propuesta política acordada por ambas partes en la ciudad lusa, donde se celebra el Segundo Foro Social organizado por el Gobierno portugués y la Comisión Europea.

El documento contempla reforzar la dimensión social de la gobernanza económica europea con la adopción e implementación de un nuevo Marco de Convergencia Social para corregir desequilibrios sociales, al tiempo que promueve la adopción de acciones orientadas a reforzar el acceso de todos a una protección social adecuada, al diálogo social, a la negociación colectiva verde, a la democracia en el trabajo y a explorar todas las vías para incentivar la economía social.

Asimismo, según expone el Ministerio de Trabajo, se enfatiza además en la necesidad de una aproximación global a la salud mental que incluya el estrés, el burnout (o síndrome del trabajador quemado) y la inestabilidad laboral.

PROGRAMA SURE E INVERSIÓN SOCIAL

Ambos países consideran necesario aprovechar la experiencia del programa SURE, un mecanismo surgido durante la pandemia que se focalizó en proteger el empleo ofreciendo apoyo financiero a mecanismos de conservación de los puestos de trabajo y la idea ahora es instalar un instrumento estructural de características similares que respalde las transiciones ecológica y digital en el mundo laboral, protegiendo el trabajo decente y evitando recortes sociales y laborales.

En otro punto, el documento enfatiza en la importancia de la inversión social con un renovado marco fiscal que garantice la financiación adecuada de los sistemas de bienestar y los servicios públicos, y que proteja además la inversión social en momentos de crisis y de turbulencias económicas.

De igual forma, ambos Gobiernos han hecho hincapié en la necesidad de impulsar una rápida adopción e implementación del nuevo Marco de Convergencia Social en el próximo semestre europeo basado en el Pilar Europeo de Derechos Sociales, un instrumento que «permitirá un mejor seguimiento y evaluación de las políticas sociales que se aplican en el conjunto de los 27 países del bloque».

Entre otras cosas, el diálogo social será una de las prioridades de España durante la presidencia del Consejo de la Unión Europea, por lo que ambos países quieren reforzar esta vía para incentivar la democracia en el trabajo y contribuir a un desarrollo sostenible fomentando también la negociación colectiva verde.