Cantabria se queda sin industrias públicas

Navalips es una de las empresas públicas que nunca ha aparecido vinculada al sector público, en parte porque casi nadie lo sabe y en otra parte porque la ausencia de conflictos significados ha mantenido a la fábrica de hélices en un discretísimo segundo plano frente a, por ejemplo, su antigua hermana, Astilleros de Santander.
Con la privatización de Navalips prácticamente desaparecerá el sector público industrial en Cantabria, una de las regiones donde mayor importancia tuvo el entramado montado por el marqués de Suanzes en los albores del franquismo para dotar al país de industrias estratégicas, que más tarde se dividió en INI e INH y que finalmente se está liquidando ya como SEPI.
Hace sólo cinco años, el Estado era propietario de varias de las mayores fábricas de la región (Sidenor, Tabacalera, Repsol Química…), de todo el sector eléctrico cántabro (Viesgo, Saltos del Nansa), de todas las comunicaciones por ferrocarril (Renfe, Feve), de las telecomunicaciones (Telefónica no sólo administraba un monopolio, sino que tenía más de 650 trabajadores en Cantabria), de la logística de combustibles (CLH, Butano, estaciones de servicio de CAMPSA) y de la construcción naval (Astander, Navalips). Controlaba, incluso, la transformación de la leche, ya que también era propietario Lactaria Española.
El entramado industrial de Cantabria era casi tan dependiente del Estado como el de Asturias, aunque pasase más desapercibido. Incluso los propios cántabros nunca han sido conscientes de que más de la mitad de la población obtenía sus ingresos del sector público, en unos casos como trabajadores activos (funcionarios y operarios de las empresas estatales) y en otros como pensionistas.
El intervencionismo era sólo aparente. En muchos casos, las empresas habían llegado al sector público tras un largo proceso de crisis y el Estado nunca se sintió cómodo en este papel que le suscitaba muchos problemas (huelgas, conflictos y pérdidas en algunos casos) y pocas satisfacciones.
Las primeras ventas de empresas públicas cántabras se produjeron en las postrimerías del gobierno socialista, con las criticadas privatizaciones de Sidenor y de Lactaria Española. Con la llegada del PP, el proceso se aceleró. Telefónica, Tabacalera, Argentaria y Repsol, que tienen grandes centros de trabajo en Cantabria, perdieron las vinculaciones con el sector público a través de la colocación en Bolsa de los últimos paquetes en manos del Estado.

Compradores foráneos

El penúltimo paso ha sido la venta, en medio de una notable polémica, de Astilleros de Santander a un grupo canario, que se sustanció el pasado año.
Si a estos se añaden empresas ya desaparecidas, como Agruminsa, el traslado de CLH a Vizcaya o la integración de Saltos del Nansa y de Viesgo en Endesa y la privatización de ésta, resulta constatable la rapidez y discreción con que el Estado ha dejado de ser el primer empresario de Cantabria, con enorme diferencia sobre cualquier otro, para acabar totalmente desvinculado de la actividad productiva local. Algo que ocurrirá cuando se desprenda de Equipos Nucleares, una empresa a la que también pondrá el cartel de venta.
En apenas seis años, y con muchos menos conflictos de los que cabía suponer, el PSOE primero y el PP más tarde, han puesto punto final a toda una etapa histórica en la economía de Cantabria. Es significativo, por otra parte, que en ninguno de los casos haya sido sustituido por un empresario local, lo que indica que el déficit de iniciativa endógena que el Estado de alguna manera había corregido, sigue existiendo. En todos los casos, los compradores de las empresas públicas asentadas en la región han sido grupos foráneos.