Expertos avisan de que el cupo catalán compromete la equidad interterritorial y la sostenibilidad del Estado

Fedea avisa de que la adopción de un modelo foral para Cataluña requeriría desviar miles de millones de otras comunidades

Expertos del ámbito económico, jurídico y tributario coinciden en que la propuesta de ERC-PSC compromete tanto la equidad interterritorial como la sostenibilidad del modelo de Estado y no solo pone en peligro la cohesión territorial, sino que también inicia una deriva confederal que podría dejar al Gobierno central sin recursos suficientes para cumplir con sus funciones constitucionales.

En el marco del ciclo «Sociedad Civil y Estado de Derecho», el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha celebrado una jornada de debate que reunió a expertos para debatir el impacto de la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica impulsada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Partido Socialista de Cataluña (PSC).

El encuentro contó con las intervenciones de Ángel de la Fuente (Fedea), Ana de la Herrán (Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado), Elisa de la Nuez (Fundación Hay Derecho), así como de Eugenio Ribón (Decano del ICAM) y Amelia Pérez Zabaleta (Decana del Colegio de Economistas de Madrid) que inauguraron el acto.

El director general de Fedea, Ángel de la Fuente, ha señalado que el sistema de financiación autonómica español, aunque mejorable, es superior al de muchos países avanzados, como Alemania o Australia, y comparable al canadiense. Ha destacado que la financiación de Cataluña está en la media nacional cuando se considera el esfuerzo fiscal ajustado, desmintiendo la idea de un «maltrato fiscal».

El director de Fedea ha apuntado que, según los datos, Cataluña ha estado consistentemente en la media de financiación por habitante ajustado durante dos décadas. «La narrativa del maltrato fiscal no tiene respaldo en las cifras», ha afirmado.

Asimismo, ha advertido que la adopción de un modelo foral para Cataluña requeriría desviar miles de millones de otras comunidades, socavando los servicios públicos esenciales y profundizando la desigualdad.

Según De la Fuente, «esta reforma no solo pone en peligro la cohesión territorial, sino que también inicia una deriva confederal que podría dejar al Gobierno central sin recursos suficientes para cumplir con sus funciones constitucionales», ha explicado.

«GRAVES CONSECUENCIAS» DE FRAGMENTAR LA AGENCIA TRIBUTARIA

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Anda de la Herrán, ha alertado sobre las graves consecuencias prácticas de fragmentar la Agencia Tributaria en sistemas fiscales independientes. «Un sistema desarticulado encarecería la gestión tributaria, aumentaría el fraude y erosionaría los servicios públicos», ha subrayado.

Además, ha insistido en que un sistema fiscal eficiente y unificado es crucial para garantizar la equidad y el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Por su parte, la decana del Colegio de Economistas, Amelia Pérez Zabaleta, ha destacado que esta reforma supondría un «salto al vacío» al eliminar la voz y voto de las comunidades autónomas en decisiones que afectan sustancialmente sus competencias.

«Estamos ante el mayor reto desde la transición, y resulta alarmante que esta propuesta no haya sido convenientemente detallada ni sometida a un debate público riguroso», ha lamentado.

Sobre esto, Eugenio Ribón, decano del ICAM, ha insistido en su intervención la importancia de abordar el debate desde un enfoque técnico y dentro del marco del Estado de derecho. En su opinión, la financiación autonómica no es un tema meramente administrativo, sino que tiene implicaciones profundas para la estructura del Estado y la cohesión territorial.

«UNA PROPUESTA ANTIDEMOCRÁTICA Y ANÓMALA»

Por último, la secretaria general de la Fundación Hay Derecho, Elisa de la Nuez, ha calificado la propuesta como «antidemocrática y una anomalía», ya que el acuerdo entre dos partidos de ámbito territorial excluye a la ciudadanía y a las comunidades autónomas directamente afectadas.

«Es un pacto que, de forma opaca, asume acríticamente los mantras independentistas, rompiendo con los principios de igualdad y solidaridad establecidos en los artículos 2 y 149 de la Constitución», ha criticado.