Extremadura interpondrá recurso de inconstitucionalidad contra el criterio de reparto del impuesto a la banca

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha acordado este martes la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el criterio de reparto del impuesto a la banca creado por el Gobierno español.

En concreto, como ha explicado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, el recurso se dirige a la disposición final novena de la Ley 7/2024, por la que se establece un impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras.

Así, Bautista ha mostrado el rechazo de la Junta de Extremadura de que la recaudación de este gravamen se reparta bajo el criterio de «dar más a los que más tienen», algo que se debe a que la distribución de lo recaudado por ese impuesto se hace en función del PIB de cada comunidad autónoma, lo que «contradice los principios del propio sistema de financiación autonómica».

Así, en rueda de prensa, el consejero extremeño ha considerado que esta forma de reparto, «que no se aplica a ninguna otra forma impositiva», es «totalmente injusta» y beneficia a los territorios «más ricos» en detrimento de las regiones «más modestas». «Es decir, hace más ricos a los que más tienen y más pobres a los que menos tienen», ha lamentado.

De esta forma, ha expuesto que de los 1.700 millones de euros que este impuesto pretende recaudar, con el «criterio discriminatorio» Extremadura recibirá tan solo 30 millones de euros, mientras que otras comunidades autónomas, como Cataluña, recibirán 346 millones de euros.

Por ello, Abel Bautista ha aseverado que la Junta de Extremadura sostiene que esta ley atenta contra principios constitucionales como «la igualdad, la justicia o la progresividad» y ha considerado que es «más que evidente» que la aprobación de este impuesto refleja las cesiones «al separatismo» aunque suponga «un perjuicio cierto para el resto de comunidades autónomas, leales siempre con el Gobierno».

Además, ha incidido en que «lejos de reducir las desigualdades entre territorios», que es lo que defiende la Constitución, a consecuencia de esta política fiscal se favorece «descaradamente a unas comunidades frente a otras, sin pensar en el interés general de todos los españoles».